Estiman que a lo largo de seis semanas unos 700 expositores plantearán sus posturas en las comisiones de la Cámara de Diputados; se analizan ocho proyectos de ley.
La Cámara de Diputados dio ayer un paso histórico: por primera vez un plenario de comisiones empezó el debate sobre la legalización del aborto y, al revelarse la modalidad de tratamiento, se ratificó el compromiso de la mayoría de las bancadas para que la discusión llegue al recinto en junio.
En un escenario de gran paridad y de incertidumbre sobre el resultado final, la primera medida consistió en la definición de las características que tendrá el debate en comisión. Las reuniones arrancarán el 10 de abril y se desarrollarán todos los martes y jueves, entre las 9.30 y las 18. El acceso estará limitado a diputados, expositores y periodistas. Los manifestantes solo podrán seguir la discusión desde una sala anexa o desde la calle.
“Queremos tener un debate profundo, respetuoso y con todas las voces”, abrió la reunión el diputado de Pro Daniel Lipovetzky, presidente de la Comisión de Legislación General, comisión cabecera del tratamiento. A su lado estaban las diputadas oficialistas que encabezan las otras tres comisiones intervinientes: Carmen Polledo (Salud), Alejandra Martínez (Mujer) y Gabriela Burgos (Legislación Penal).
Si bien la legalización ya se discutió en comisión en el pasado, nunca se trató en un plenario de todas las comisiones a las que había sido girado el proyecto. Tampoco llegó a emitirse dictamen ni a debatirse en el recinto. La ausencia más notoria en la audiencia de ayer fue la de los integrantes de la Coalición Cívica. Elisa Carrió los instruyó para que no fueran, tras reclamarles a los presidentes de las comisiones posponer el debate hasta después de Pascuas.
Tras enumerar los ocho proyectos de ley que se tendrán en cuenta en el inicio de la discusión, Lipovetzky dio detalles del reglamento, acordado con Polledo, Martínez y Burgos. El principal, firmado por 71 diputados oficialistas y opositores, fue elaborado por la Campaña por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito. La organización convocó a un acto ayer en las puertas del Congreso, para reclamar el avance de la iniciativa.
Cada diputado podrá inscribir hasta cuatro expositores, lo que arroja un total de hasta 1024 exposiciones. Si se tiene en cuenta que cada exposición tendrá un máximo de siete minutos, la parte expositiva del debate podría demandar casi 120 horas. De acuerdo con el cronograma, llevaría un máximo de seis semanas. Es decir, terminaría el 17 de mayo. Cumplida esa instancia, las comisiones deberán emitir dictamen para habilitar el tratamiento en el recinto. Solo entonces se podrá verificar si se cumple con el compromiso ratificado ayer.
La etapa de exposiciones podría incluso demandar menos tiempo, dado que muchos diputados no tienen previsto inscribir a nadie. Algunos de los firmantes del proyecto de la campaña evalúan la posibilidad de presentar una lista de consenso para disminuir la cantidad de oradores. Colaboradores de Lipovetzky estimaron que la lista total tendrá unos 700 anotados. Esa cifra se conocerá solo el 7 de abril, fecha límite para la inscripción. En ese momento estará más claro el cálculo sobre los plazos de la discusión.
Las voces más críticas de la metodología definida ayer provinieron del Frente de Izquierda (FIT). Tras celebrar la lucha de los movimientos de mujeres, Nathalia González Seligra denunció que podían generarse “dilaciones” en la discusión en comisión y sostuvo que “ningún diputado va a cambiar su posición por lo que se diga durante el debate”. El discurso generó algunos abucheos. “¡Ah, qué democrática que sos!”, reaccionó la macrista Cornelia Schmidt Liermann, en contra de la legalización.
Romina Del Plá, también del FIT, apuntó contra Carrió. “Celebro que no se haya atendido la carta de una diputada que quería poner bajo la alfombra a las mujeres que mueren en abortos clandestinos”, dijo. La diputada propuso además que durante las exposiciones no se permitieran videos ni fotografías “para evitar golpes bajos”. Los presidentes de las comisiones no atenderán ese pedido.
En principio tampoco harán lugar a la propuesta planteada por el radical José Cano, uno de los detractores de la legalización, para que la discusión recorra el interior del país. “Si hay audiencias en las provincias, que sea dentro del plazo de dos meses dispuesto para las exposiciones”, le respondió la kirchnerista Mónica Macha (FPV).
