El gobierno provincial rechazó la decisión del concejo de la ciudad santafesina que aprobó un proyecto de una organización antiderechos llamada “Rafaela Por la Vida”.
Este jueves el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe se expresó en contra de una ordenanza impulsada por la organización “Rafaela Por La Vida” en el Concejo de esa ciudad “por poner en riesgo la salud de las niñas adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar de su ciudad”.
Los concejales rafaelinos votaron ayer, de noche en una sesión extraordinaria, la ordenanza “Protección integral de la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad y del niño por nacer” que intenta oponerse a la interrupción del embarazo, incluso en los casos legales, como es el de niñas violadas. El resultado afirmativo llegó después que un empate de cinco votos positivos y cinco negativos, se definiera con el voto del titular del Concejo, que vale doble. El resultado final fue 6 a favor contra 5. Desde que se tomó conocimiento de esta Sesión, organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres expresaron fuertemente su rechazo al proyecto ante los ediles.
Así, la cartera liderada por la ministra Andrea Ubolidi informó que “reafirma el compromiso con las políticas de salud sustentadas en el cumplimiento de la garantía de derechos”, a través de un comunicado oficial.
Al mismo tiempo, Uboldi manifestó que “conociendo el compromiso de quienes integran el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Rafaela con su población, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe recomendamos fuertemente que se consideren los argumentos expuestos en esta declaración y se rechace el proyecto del grupo autodenominado “Rafaelinos por la vida” por poner en riesgo la salud de las niñas adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar de su ciudad”.
Se indica además que desde el Ministerio “se da respuesta a las necesidades de salud de la población de modo integral y universal dentro de una red de cuidados, asegurando calidad, oportunidad y continuidad de los procesos de atención desde el lugar más cercano al domicilio”.
Asimismo, a se comunicó que con respecto a la salud y los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, “en los hospitales y centros de salud se brinda información y acompañamiento a lo largo de todas las etapas de la vida, respetando la elección autónoma, la equidad, la intimidad y la integridad personal. Desde el Ministerio de Salud provincial se ha puesto especial énfasis en asegurar, mediante partidas presupuestarias especiales, la disponibilidad y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. Como resultado de estas políticas integrales, el total de embarazos en la población adolescente entre 15 y 19 años ha descendido un 20% entre el año 2015 y el año 2017”.
En relación con los cuidados perinatales, desde el Ministerio argumentaron que “todas las maternidades públicas de la provincia cumplen con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales, dentro del marco que regula el funcionamiento de las maternidades seguras, articulando a través de la Red el acceso más próximo al mayor nivel de atención y calidad posible. Además, los recursos tecnológicos brindados y, en especial, el compromiso y formación técnica y en derechos de los equipos de salud de todo el territorio provincial, han permitido que Santa Fe sea una de las provincias que cuenta con las tasas de mortalidad materna, neonatal e infantil más bajas del país”.
De igual manera, se informó que “las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar que cursan un embarazo no intencional tienen el derecho a acceder a la posibilidad de un aborto legal y seguro, en cumplimiento del plexo normativo vigente actualmente en el territorio nacional: artículo 86 del Código Penal, Constitución Nacional y tratados de Internacionales de Derechos Humanos, Ley de Derechos del Paciente (26.529), el Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina (Ley 17.132) y la Ley de Protección Integral a las Mujeres (26.485), fallo FAL CSJN“.
Y se agregó que “una situación similar se observa también en la seguridad del procedimiento. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, cuando se cuenta con personal entrenado y con la tecnología adecuada, tal como ocurre en el sistema de salud santafesino, quien se realiza un aborto en el primer trimestre tiene una probabilidad de morir 10 veces menor que quien lleva ese embarazo al término, cualquiera sea su condición. En contraste, cuando el aborto se realiza en la clandestinidad, la probabilidad de morir para una mujer que vive en América Latina es 3 veces mayor que para quien lleva un embarazo al término y asciende a 30 veces más frente quien aborta en condiciones seguras”.
“Un aborto legal y un aborto realizado en la clandestinidad no son lo mismo y no son comparables. Este concepto permite despejar la confusión reinante en torno a mitos relativos a la práctica”, afirmó la ministra de Salud, Andrea Uboldi.
“Nadie puede decidir libremente bajo la presión de la clandestinidad y de la ilegalidad. El acceso al sistema de salud y el encuentro con equipos que abordan las situaciones con profesionalismo, brinda calma y tranquilidad para que la decisión de continuar o interrumpir ese embarazo sea informada, realista y exenta de cualquier tipo de coacción. No existe evidencia científica de calidad que demuestre daño en la salud mental provocado por un aborto legal, sino que este impacto estaría más bien estar ligado al estigma, al castigo social y al contexto de ilegalidad”, concluyó la ministra.
