El pasado viernes se aprobó el proyecto de antidoping que abarca a los tres poderes.
El pasado viernes los legisladores de Tierra del Fuego aprobaron por unanimidad el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de realización de exámenes de detección de consumo de drogas ilegales para funcionarios electos y designados en los tres poderes.
En un trabajo conjunto la iniciativa, que fue presentada por integrantes de los distintos bloques hace dos años y se pondrá en vigencia dentro del plazo de 4 meses. De esta manera los funcionarios alcanzados deberán realizarse una rinoscopía cada 1 año. Se trata de un estudio de las cavidades nasales utilizado en otorrinolaringología para detectar el consumo de drogas que se aspiran, como la cocaína, además de diagnosticar otras patologías.
En este sentido, la detección de consumo de drogas ilegales implica el cese en la función para el caso de los funcionarios designados, y la suspensión o revocatoria de mandato para los funcionarios electos.
Una vez que la norma sea promulgada por el Poder Ejecutivo, la misma tiene un plazo de 60 días para ser aplicada.
Tierra del Fuego podría convertirse en la segunda provincia del país en contar con una normativa de estas características, después de Tucumán. Además de Salta y Chaco que han presentado sus proyectos pero que aún no fueron sancionados.
