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El derecho a la protesta vs el derecho al libre tránsito

Una vez más una protesta en las calles de la ciudad complicó el tránsito urbano en la capital de la provincia. Más allá de los motivos de los reclamos, la manifestación causó caos vehicular y malhumor entre los automovilistas, que quedaron atrapados en calles con el tránsito interrumpido.


Desde muy temprano, los propietarios y trabajadores de colectivos que realizan viajes especiales de turismo reclamaron el mismo trato que para quienes hacen viajes de línea y de esta manera poder retomar la actividad, que quedó totalmente paralizada con la puesta en vigencia del último decreto presidencial.

En un comienzo lo hicieron bloqueando los ingresos y salidas de la estación terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe y luego extendieron los cortes a las calles de la ciudad, al punto de interrumpir la avenida Alem, una de las arterias más transitadas en la ciudad, no sólo por el tránsito urbano, sino también por aquellos que atraviesan la ciudad de Santa Fe, para seguir viaje.

Se trata de un reclamo a nivel nacional, que tuvo su réplica en varias ciudades del país, llevado a cabo por empresarios del transporte de turismo y viajes especiales, autoconvocados.

Los manifestantes explicaron que se iban a intensificar los cortes si no eran atendidos sus reclamos por autoridades competentes. Y ahí está el tema, al tratarse de un decreto nacional el que dispone la restricción a éste tipo de servicios, las autoridades locales y provinciales no tienen injerencia directa en el tema, por lo tanto no está a su alcance cambiar esa normativa.

En este contexto, la protesta continuó durante toda la mañana y pasado el mediodía. Por el bloqueo en la terminal, los coches de servicios regulares debieron bajas a sus pasajeros donde pudieron y cada persona que debía viajar, tuvo que averiguar en ventanilla donde estaba el coche que debía tomar para salir de la terminal a buscarlo.

Por los bloqueos en las calles de la ciudad, además se provocó un caos que repercutió en el tránsito de vehículos particulares y del transporte urbano.

Si no hay respuestas para los reclamos puntuales, ¿pueden el municipio o la provincia proceder al despeje de calles y accesos a la terminal de colectivos en defensa de los derechos del resto de los ciudadanos?

Una vez más los derechos de unos sobre los de los otros, un juego de poderes que permite la democracia, pero exige la responsabilidad de todos.

 

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