El matrimonio hizo un tratamiento en una Clínica privada de Rosario y surgieron tres embriones. Dos fueron implantados y nació un hijo, pero después tuvieron otro de forma natural. El tercer embirión quedó criopreservado, pero los padres no quisieron utilizarlo y la clínica se negaba a cesar la criopreservación.
De esta manera, la Justicia avaló la voluntad de los padres, que ya tenían un hijo por fecundación asistida y otro en forma natural, y no querían gestar más bebés.
La clínica sostenía que el embrión debía continuar siendo criopreservado a costo de la pareja, y que la opción de los progenitores era usarlo o donarlo a otros interesados.
En 2015 una pareja decidió utilizar técnicas de reproducción asistida con la intención de ser padres. Para ello, iniciaron un tratamiento en una clínica privada de Rosario, en donde los cubría la obra social. Comenzaron en julio de ese año, y surgieron tres embriones. Como solamente podían implantar dos, el tercero quedó en manos de la clínica para su criopreservación.
Como resultado del tratamiento, al año siguiente nació su primer hijo y dos meses después, la mujer volvió a quedar embarazada, pero ésta vez de forma natural.
Con dos hijos, ya no tenían intención de seguir agrandando la familia, por lo que en 2021 solicitaron a la clínica poner fin a la criopreservación.
La respuesta que recibieron fue que debían implantarlo o donarlo, y que si querían desecharlo deberían solicitar autorización judicial, algo que según la pareja no figuraba en la “Guía para pacientes” ni en el contrato que habían celebrado en 2015. El mismo que los obligaba a pagar un monto anual para el mantenimiento del material genético en condiciones para luego ser implantado. Algo que el Juez que llevó adelante la causa, interpretó como una forma de hacer que el contrato con los pacientes se transforme en un acuerdo vitalicio.
Como consecuencia de ello, el juez Scola resolvió hacer lugar a la petición de la pareja y autorizar a la clínica al cese de la criopreservación del embrión vitrificado y la resolución del contrato en un plazo de tres días desde que quede firme su fallo, bajo apercibimiento de multa por cada día transcurrido en incumplimiento.
Además, según el fallo la clínica deberá reintegrar a los padres el dinero que pagaron por la criopreservación a partir del mes de julio de 2021, cuando notificaron que no utilizarían el embrión que estaba siendo conservado desde 2015.
¿Qué dice la Ley?
La legislación local actual tiene una redacción errática y poco precisa sobre el tema. Un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que no es persona el embrión no implantado.
Ante ese vacío legal, en 2019 ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto del Diputado Daniel Filmus, que tenía por fin saldar esa deuda y terminar con un silencio legislativo que genera prácticas contradictorias.
Para el diputado del Frente para la Victoria Daniel Filmus, “una ley de protección de los embriones no implantados es necesaria porque hay un vacío legal que genera inseguridad jurídica. Este vacío legal es problemático no sólo para sus titulares, sino también respecto de las clínicas o centros especializados que, al carecer de marco, en muchos casos obstaculizan los derechos de los pacientes o usuarios y usuarias”.
El legislador sostuvo que “este vacío legal que existe necesita urgente una ley que regule el tema” y reprochó que “hoy no hay un control efectivo del Estado respecto de qué ocurre con los embriones que no son implantados”.
