Un total de dieciséis personas —trece policías y tres civiles— fueron imputadas este jueves en Rosario por su participación en un esquema de fraude vinculado al expendio de combustibles para patrulleros. El juez Gustavo Pérez de Urrechu dictó seis meses de prisión preventiva para todos ellos, acusados de delitos como peculado, cohecho pasivo, falsificación de documentos y defraudación agravada.
De los veinte detenidos originalmente, diecisiete comparecieron en la audiencia. Solo una de las acusadas, María Fernanda De Franco, empleada de la estación de servicio involucrada, quedó en libertad bajo reglas de conducta, como firma quincenal, prohibición de contacto con los demás imputados y restricción de acercamiento.
Las maniobras ilícitas se realizaban en una estación de servicio ubicada en Ovidio Lagos al 3900, donde se simulaban cargas de combustible a más de 80 patrulleros fuera de servicio o se sobrefacturaban cargas reales, generando un desfalco estimado en 45 millones de pesos mensuales.
Entre los principales implicados se encuentran altos mandos policiales como el subcomisario Gerardo Ramírez (Garage URII), el comisario superior Rodrigo Domínguez (Jefatura), el jefe de Caballería y Perros Fabián Fantín, su subjefe Mario Brest, y el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Juan Pablo Pigozzi.
La investigación continúa para determinar si hubo más implicados y cómo se articulaba la red que permitió sostener este esquema de corrupción dentro de la fuerza.
