Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, presentó su renuncia este martes ante el Ministerio de Justicia de la Nación, en un intento por evitar el inminente juicio político y la suspensión que avanzaban en su contra en el Consejo de la Magistratura. La decisión del magistrado se produjo en un momento de bajo perfil público, mientras la atención mediática estaba centrada en la situación judicial de la expresidenta Cristina Kirchner.
Bailaque enfrenta tres causas por corrupción, además de acusaciones por connivencia con el narcotráfico y vínculos con el crimen organizado, especialmente con la banda liderada por Esteban Alvarado, uno de los nombres más temidos del hampa rosarino. Según el Ministerio Público Fiscal, el juez mantenía contacto directo con Alvarado y con otros implicados, como el exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna y el financista Fernando Whpei.
A pesar de su renuncia, que tiene fecha efectiva a partir del 1 de julio, Bailaque podría enfrentar igualmente una orden de detención domiciliaria, tal como resolvió la Cámara de Casación. Esa decisión judicial, junto al consenso de seis fiscales, un juez de primera instancia y otros seis magistrados de tribunales superiores que pedían su detención, precipitó su salida del cargo.
El juez también inició el trámite para acogerse a un régimen jubilatorio especial por sus años de servicio en la Patagonia, lo que le permitiría retirarse antes de los 55 años. Sin embargo, su salida no le garantiza inmunidad frente a las causas penales en curso ni lo exime de posibles detenciones futuras.
Con más de dos décadas al frente del juzgado, Bailaque fue testigo y protagonista de una etapa en la que el narcotráfico se consolidó en Rosario. Muchas de las principales investigaciones fueron encabezadas por la justicia provincial, dejando al descubierto una grave inacción o complicidad por parte de la justicia federal.
La renuncia del magistrado marca un hecho sin precedentes en la historia judicial de Rosario y pone en evidencia las profundas falencias del sistema judicial federal para controlar la corrupción interna frente al avance del crimen organizado. Ahora, el Poder Ejecutivo deberá decidir si acepta la renuncia, lo que definirá el destino inmediato del exjuez.
