Incluye a quienes son investigadas por la posible comisión de un ilícito, y a quienes ya fueron condenados y recuperaron su libertad de forma condicional. La implementación comenzará con una experiencia piloto en las ciudades de Santa Fe y de Rosario.
El MPA y los ministerios de Seguridad; de Justicia y Derechos Humanos; de Desarrollo Social; y de Educación trabajarán conjuntamente para lograr la integración social de personas a las que se les impusieron judicialmente normas de conducta, y para evitar que reincidan en el delito. Así lo establece un convenio que firmaron el Fiscal General, Jorge Baclini, y los titulares de las cuatro carteras del Poder Ejecutivo: Maximiliano Pullaro; Ricardo Silberstein; Jorge Álvarez; y Claudia Balagué.
La iniciativa puesta en marcha se denomina “Programa de Control Comunitario de reglas de conducta” e incluye a personas que son investigadas judicialmente por la posible comisión de un ilícito, y también a quienes ya fueron condenados y recuperaron su libertad de forma condicional.
El programa se implementará como una prueba piloto en las ciudades de Santa Fe y de Rosario. Por tal motivo, el convenio también fue rubricado por los fiscales regionales del MPA de la primera y de la segunda circunscripción judicial, Carlos Arietti y Patricio Serjal, respectivamente.
