El Tribunal Electoral brasileño ha estrechado el cerco legal al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva prácticamente hasta el límite. Los magistrados han sentenciado que el exmandatario, en la cárcel por corrupción desde abril, no puede concurrir a las elecciones de este octubre, cosa que él intentar hacer desde el 15 de agosto, cuando se inscribió como candidato desafiando las leyes que prohíben la candidatura de condenados en la segunda instancia como él.
Este veredicto remueve lo más profundo de estos comicios. Se ha vetado al candidato favorito por los votantes (con un 36% de la intención de voto; frente al 18% del siguiente en la lista), pero también se han resuelto prácticamente de una tajada varias de las incógnitas que acompañaban hasta ahora a esta campaña, marcada hasta ahora por la incierta presencia de Lula. Y por último, se ha dejado al político más popular de la historia de Brasil -y su único expresidente condenado- más acorralado que nunca. A Lula le quedan ya tan solo un puñado de opciones, y prácticamente ninguna es buena.
Se abren ahora dos caminos ante el expresidente. Uno es rechazar el veredicto y seguir la carrera hacia delante hacia las urnas. Aún tiene derecho a tres recursos más, uno ante el Tribunal de Justicia y dos ante el Supremo. Y mientras se tramitan, nada en la ley le impide seguir haciendo campaña (o mejor dicho, que el Partido de los Trabajadores haga campaña en su nombre mientras él cumple condena), y apareciendo en la propaganda electoral. Pero se expone a que, si sigue así hasta el día de las elecciones, sus votos se consideren nulos.
