El Tribunal entendió que la condena -ya revisada por la Cámara- está firme y dispuso la inmediata detención de los tres. Se trata de un matrimonio esperancino y uno de sus hijos, acusados de abusar de un niño de su propia sangre.
Víctor Hugo Baraldo, su esposa Nidia Noemí Morandini y el hijo de ellos, Juan Pablo Baraldo, llegaron caminando en estado de libertad a los tribunales santafesinos en horas de la tarde de este jueves, pero -luego de una audiencia- salieron esposados y a disposición del Servicio Penitenciario de la provincia.
Los tres fueron condenados a fines de 2018 por abusar sexualmente por años de un pequeño integrante de su propia familia, nieto de los primeros y sobrino del restante. El fallo fue revisado y confirmado luego por la Cámara de Apelaciones. Los delitos se cometieron años atrás en la ciudad de Esperanza -donde todos se domiciliaban-, cuando la víctima era apenas un niño (hoy ya es adolescente).
Tras un proceso que se extendió por años e incluyó un juicio oral que fracasó por serias irregularidades, Morandini fue sentenciada a 20 años de prisión, su marido a 18 y Juan Pablo Baraldo a 16.
La decisión de que comience a hacerse efectivo el cumplimiento de la pena prevista fue tomada en audiencia este viernes por el tribunal integrado por tres conjueces, los doctores Jorge Luis Silva (presidente), Alfredo Martín Olivera y Néstor Darío Pereyra, los mismos que en octubre habían condenado a los abusadores.
Satisfacción
“Estoy conforme con lo resuelto por los conjueces. No tengo mucho para decir, sólo agradecerles porque fallaron como correspondía. Ellos son culpables y tienen que cumplir la pena. Espero que todo esto esté llegando a su fin. Que se termine todo de una vez, que sea el cierre y que no nos encontremos con ninguna sorpresa más”, manifestó luego de la audiencia Fernanda Baraldo, madre de la víctima, hija de dos de los acusados y hermana del tercero.
A su lado se encontraba el fiscal que llevó adelante el proceso, el doctor Omar De Pedro, quien también se mostró satisfecho con la resolución del tribunal. “En un momento habían quedado con prisión preventiva tras el fallo. Luego la Cámara los había dejado en libertad, pero por otro lado también se había confirmado la condena. Entonces la sentencia estaba firme, pero no se estaba ejecutando. Nosotros planteamos que una sentencia, una vez confirmada por la Cámara, debe ser ejecutada. Es lo que se llama ‘doble conforme’. Esto es sin perjuicio de los recursos que siguen quedando a nivel constitucional”, puntualizó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.
“La verdad es que hay fallos en los dos sentidos, pero nosotros tomamos la jurisprudencia que entendemos es la correcta para este caso, con una condena tan grande”, reconoció De Pedro.
“Las personas que han sido declaradas culpables tienen que ir a la cárcel, sobre todo en delitos tan graves. Si no, estamos en una situación de una ley simplemente declarativa, que queda muy linda, pero para que se efectivice realmente, el culpable tiene que ir preso”, concluyó.
