La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público. Se conocerán quiénes son los acusados, qué lugar especial tendrá la ex presidenta y qué rol tendrá el ahora precandidato presidencial Alberto Fernández.
La ex presidente Cristina Kirchner afrontará desde mañana su primer juicio oral y público, por el caso de la obra pública. Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. El proceso se dará durante la campaña para las elecciones presidenciales en las que será vicepresidente de la fórmula con Alberto Fernández, quién también estará en el juicio: será testigo. Cristina Kircner comenzará a ser juzgada como ex mandataria y cuando se conozca el veredicto, dentro de un año aproximadamente, podría ser una de las cabezas del estado.
El juicio se iniciará a las 12 horas en los tribunales de Comodoro Py y se realizará en la sala AMIA, la más grande del edificio judicial y que está en su subsuelo y en la que Cristina Kirchner ya estuvo: declaró como testigo en los juicios por el atentado a la AMIA y en diciembre de 2016 por las irregularidades en esa investigación.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los acusados son 13. Además de Cristina Kirchner y Báez; Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas; Carlos Kirchner, ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner; Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz.
La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal.
