El fiscal Franco Picardi consideró que hay pruebas suficientes para impulsar una acción penal contra el secretario de Energía por supuesta malversación de fondos públicos.
El fiscal Franco Picardi consideró que hay pruebas suficientes para impulsar una acción penal contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Garade, por una supuesta malversación de caudales públicos. La denuncia la presentó a fines de junio el diputado nacional Rodolfo Tailhade luego de que ambos funcionarios suscribieran el acuerdo de traspaso de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la Provincia, lo que derivó en la condonación de deudas para ambas compañías.
La denuncia detalla que el 28 de febrero el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, firmó con las autoridades de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires el “Acuerdo para la Transferencia de Jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica”. Como parte de dicho acuerdo, las partes estimaron conveniente solucionar todos los reclamos recíprocos pendientes por diversos créditos y deudas existentes entre el Estado Nacional y las concesionarias.
A raíz de ello, el 10 de mayo de 2019 Lopetegui y Garade firmaron con las compañías el “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales”. Según la denuncia, conforme a estimaciones generales, el total actualizado de las multas que debían pagar Edenor y Edesur por déficit en la calidad del servicio ascendía a 35.000 millones de pesos, lo que representaría devoluciones aproximadas de 7000 pesos por usuario. Sin embargo, el gobierno nacional, sin la intervención del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, habría reconocido multas por 7.000 millones; cifra que significaría reintegros de alrededor de 1200 pesos por usuario.
Luego de exponer los detalles de la denuncia, el fiscal Picardi le solicitó a la jueza que tenga por impulsada la acción penal y requirió que se le solicite al gobierno todos los informes técnicos que justifican los montos acordados. También reclamó la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Procuración General de la Nación.
