El ex secretario de Obras Públicas José López pidió revocar la condena de seis años de prisión por enriquecimiento ilícito que le fue impuesta al reiterar que los 9 millones de dólares no son suyos, si no que se los dio un ex secretario de los Kirchner.
Y solicitó la nulidad del allanamiento realizado aquel 14 de junio de 2016 en el convento de General Rodríguez, en el que fueron encontrados los bolsos con dinero.
La defensa apeló la condena que dictó el Tribunal Oral Federal 1 en junio pasado y para que la misma fuese revocada por la Cámara Federal de Casación Penal.
López, quien está detenido sumado a que es imputado colaborador en la causa de los “cuadernos” por el pago de sobornos durante el Kirchnerismo, interpuso un recurso a través de su defensora oficial Pamela Bisserier.
El ex funcionario fue detenido en el interior del Convento de General Rodríguez aquella madrugada del 14 de junio de 2016 aunque la causa por enriquecimiento ilícito en su contra tramitaba desde 2008: tras ese episodio quedó detenido.
“La valoración que hacen de las pruebas los lleva a la convicción sobre la tenencia en poder de López de esos elementos; y a que éstos estaban incorporados a su patrimonio, porque el nombrado no pudo justificar la legitimidad de do ni pudo probar haberlos recibido de un tercero (Fabian Gutierrez; ex secretario presidencia como lo sostuvo en sus indagatorias”, remarcó la defensa en el escrito.
López se mantiene en su versión respecto a que en mayo de 2016 fue el exsecretario de los Kirchner Fabián Gutiérrez quien le pidió asegurar esa suma de dinero y que él por ello trasladó los bolsos al convento de General Rodríguez, con cuyas religiosas tenía relación desde antes.
En su versión, asegura que la noche en que tuvieron lugar los hechos la gente que le entregó los bolsos, lo escoltó hasta el Convento en una moto una persona y otras dos a bordo de otro vehículo.
“Sostener que ese dinero le pertenecía a López, implica decir que la simple tenencia o la simple posesión de algo nos convierten en propietarios o dueños de la cosa y a ésta como ingresada al patrimonio; cuando jurídicamente son cuestiones que bien sabemos son muy distintas”, remarcó la defensa.
Entre los planteos hechos, la defensa pide la nulidad del allanamiento al convento pues “no solo la falta de orden judicial pan allanar; sino que esas mismas circunstancias muestran que el supuesto consentimiento de las monjas eta insuficiente y, para colmo, fue forzado por el atemorizante avance policial”.
“El consentimiento debe manifestarse expresamente al funcionario público que pretende ingresar en el domicilio; considerándose que el silencio o la falta de reparos no pueden interpretarse como consentimiento pan allanar, ya que el consentimiento debe set expresado de manera que no queden dudas sobre la plena libertad del individuo”, añadió la defensa.
Por último, la defensa se quejó el extendido plazo qu duró la investigación pues “resulta vulnerada la garantía de ser juzgado en plazo razonable”.
“Son ocho años en la vida de una persona, que es mantenida por el Estado bajo un estado precario de sospecha (ni siquiera la propia de la indagatoria); y ese padecimiento de estar sometido a un “proceso de sospecha” representa prácticamente la vivencia del cumplimiento de una pena”, concluyó.
