El plebiscito contará con dos alternativas: una que plantea la opción de una asamblea constituyente compuesta por ciudadanos elegidos para ello y otra con una instancia que incluya la participación de al menos el 50 por ciento de congresistas y la otra mitad con miembros elegidos para ese fin.
El acuerdo para reemplazar la Carta Magna, que rige en Chile desde 1981, se ha alcanzado a las 2.25 (hora local) de este viernes y ha sido nombrado ‘Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución’, según ha recogido el diario ‘La Tercera’.
El presidente del Senado de Chile, Jaime Quintana, ha subrayado que se trata de una «salida pacífica y democrática de la crisis», que es «una victoria de toda la ciudadanía» y que se trata de un primer paso para cambiar la Constitución, una salida institucional «cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social».
El primer punto del documento señala que los partidos políticos de Chile han llegado a este acuerdo para «garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público (…) y el total respeto de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática vigente».
El documento también subraya que una vez redactada la nueva Constitución, será sometida a un plebiscito ratificatorio «mediante sufragio universal obligatorio».
Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre contra la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y crecieron rápidamente hasta denunciar la desigualdad social y plantear la necesidad de elaborar una nueva Constitución.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que llegó a declarar el estado de emergencia desplegando a las Fuerzas Armadas, pidió perdón por no escuchar el clamor de los chilenos y propuso una «agenda social».
Para hacerla realidad, ha remodelado el Gobierno y ha iniciado un diálogo con los partidos políticos, tanto opositores como oficialistas. En estas semanas, al menos 19 personas han muerto por los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y más de mil han sido detenidas.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha denunciado torturas y otros abusos contra las personas detenidas en el marco de las protestas. (EUROPA PRESS)
