El plan está a cargo de Ginés González García, que busca cómo subsidiar a esas prestadoras y evitar su quiebra a partir de una caída del 70% de su recaudación.
La puesta en marcha de este plan representaría, además, una tregua entre la CGT y González García, quien en lo que lleva de gestión fue cuestionado por los sindicatos por una supuesta indiferencia a ese subsector sanitario. En los gremios le graficaron a este diario la urgencia: dijeron que desde el inicio del aislamiento social obligatorio cayó a un tercio la recaudación de aportes y contribuciones a las obras sociales, de los habituales 30 mil millones de pesos mensuales a cerca de $10 mil millones.
La novedad surgió durante una videoconferencia que la CGT mantuvo junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) con los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. En ese encuentro virtual el dirigente José Luis Lingeri (Obras Sanitarias, el especialista de la central obrera en la problemática) dio cuenta de una situación dramática de las prestadoras de salud de los gremios. Uno de los pedidos a los funcionarios fue para que el Gobierno analizara la posibilidad de instrumentar un préstamo a tasa cero o accesible, del orden de tres meses de recaudación para las obras sindicales para permitirles financiar la demanda contingente que representará un eventual aumento de casos de coronavirus en la Argentina.
Los funcionarios contestaron que González García tiene en elaboración, para ser anunciado en el corto plazo, un plan integral de financiamiento. Cerca del ministro confirmaron esa pretensión y sólo adelantaron el criterio: volcar la mayor cantidad de recursos disponibles del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. El FSR cuenta con recursos obtenidos de la propia recaudación de la AFIP entre las obras sociales sindicales, de la que separa un porcentaje para destinarlo a la atención de las denominadas “enfermedades catastróficas” o tratamientos de alta complejidad y baja incidencia.
Entre las 300 obras sociales que componen el denominado sistema solidario de salud está cubierto un tercio de la población argentina. En tanto que las obras sociales provinciales (una por distrito, con IOMA como el principal actor) atienden a otras 6 millones de personas; el PAMI, a 5,5 millones; las prestadoras de universidades y las Fuerzas Armadas, a otro millón. Las prepagas, en tanto, atienden a cerca de 5 millones de personas aunque sólo un millón son afiliados directos; el resto llegan a esas prestadoras por derivación de sus obras sociales de origen. El tercio restante de la población depende del hospital público.
El plan de Ginés González García apunta a salvaguardar todos los subsistemas. Cerca suyo explicaron que la inyección de financiamiento a las obras sociales sindicales también representará un alivio para el sector privado por nutrirse de sus prestaciones como clientes. De todos modos para las clínicas y sanatorios también se piensa en créditos a tasa cero o muy accesibles para permitirles afrontar los sueldos de abril.
En la reunión virtual de Kulfas y Moroni con la CGT y la UIA también se debatió acerca del pago de salarios de abril en el sector privado. Los ministros recordaron los nuevos instrumentos creados por decreto de necesidad y urgencia, que contemplan la cobertura de la mitad de la nómina salarial de las empresas en crisis, y la central obrera reclamó que el resto fuese cubierto de manera integral por las empresas. Desde la UIA alegaron que hará falta un sistema general de licenciamientos a menor salario para los trabajadores eximidos de acudir a sus puestos por la vigencia de la cuarentena, una discusión que algunos gremios grandes como Comercio, la UOM (metalúrgicos), el Smata (mecánicos) y los textiles (AOT) ya arrancaron y tratarán de reconducir esta semana.
