La cúpula de la Policía de Chaco presentó su renuncia ante el gobierno de Jorge Capitanich luego de que la administración provincial se negara a reincorporar a los cuatro efectivos involucrados en el brutal ataque a una familia Qom en la localidad de Fontana.
Los cuatro agentes están imputados por violencia institucional y recientemente fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. La Policía quería que retomen su normal actividad y ante el rechazo del gobierno de Capitanich la cúpula de la fuerza presentó su renuncia ante el Ministerio de Seguridad provincial.
De esta forma, el jefe de la Policía Fernando Romero; el subjefe Ángel Domínguez y la directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial Mariela Noemí Aguirre presentaron su dimisión. Ahora Capitanich debe evaluar si la acepta o no.
En diálogo con medios locales, Romero explicó el motivo de la decisión. “Al recuperar la libertad, esos policías deben reintegrarse al servicio efectivo, por supuesto siempre sujetos a la causa judicial y al sumario administrativo. Es norma nuestra que deben reintegrarse al servicio”, afirmó.
“Ellos (por el gobernador Capitanich y la ministra Zalazar) mantienen la postura de sostenernos en actividad pasiva por delito, cuando no tenemos legislación que nos ampare. No estamos de acuerdo con esta postura del Poder Ejecutivo. No podemos seguir trabajando en esta situación y por eso renunciamos”, agregó.
El caso
El 31 de mayo, agentes de la Policía de Chaco entraron a las patadas y sin orden de allanamiento a una vivienda de una familia de la comunidad Qom, ubicada en el barrio Bandera Argentina. El video, filmado por una de las víctimas, muestra cómo los hombres comienzan a golpear salvajemente a los que se encontraban en el interior de la propiedad.
El alto grado de violencia y discriminación con el que llevó adelante el ataque llevó a la justicia a detener al oficial subayudante Cristian Eduardo Foschiatti; el sargento Cristian Omar Benítez; el cabo Cristian Ariel Flores y el agente Orlando Sergio Cabrera.
Los cuatro fueron imputados por los fiscales Sergio Cáceres Olivera y Lilian Irala, de la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, vejaciones agravadas, torturas, allanamiento ilegal y apremios.
