Las autoridades de la ciudad de San Cristóbal desde hace varios años han tomado la decisión política de desarrollar un plan sistemático de precarización con sus trabajadores que se expresa en la situación que hoy se hace pública.
Lamentablemente esta nefasta decisión de las autoridades que han dirigido los destinos de la ciudad cuenta con el consenso de todo el arco político, incluido el regional y provincial en general y del propio Senador Departamental Felipe Michlig, en particular -que siendo Presidente Comunal de Ambrosetti pagaba con bonos de su propio supermercado a los trabajadores de esa Comuna- provocando un perverso sistema de pérdida de derechos de los trabajadores municipales.
Nada tienen que ver los recursos en este contexto, se trata de una decisión mucho más profunda, iniciada hace muchos años para incorporar las peores prácticas del modelo neoliberal al sector público municipal.
No existe ningún posible acuerdo en un marco de precarización, irregularidad, violencia, e intimidación como ocurre en la ciudad de San Cristóbal, pues allí no se respeta el modelo de discusión salarial que la Ley 9.996 exige, y el Intendente pretende mostrar un acuerdo que en realidad es una imposición para mantener la política de precarización decidida.
Los montos abonados cada mes a estos trabajadores y trabajadoras no son sólo irrisorios, sino también los aumentos anunciados ahora como mejoras salariales ($8 la hora, lo que equivale a $1.000 por mes), que lo único que logran es profundizar la problemática de la precarización.
