En el marco de la investigación por el crimen de Hugo Oldani, el fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria de diez personas, entre las que aparecen la hija del empresario asesinado y dos operadores rosarinos del Grupo Carey SA, bajo sospecha de haber incurrido en el delito de intermediación financiera no autorizada. Por la causa permanecen detenidas cuatro personas y no se descarta que haya otros implicados.
A nueve meses del homicidio del empresario Oldani, perpetrado en una galería del microcentro de la ciudad de Santa Fe, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de su hija y de María José Calle, Carina Amelia Chelmo (presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa S.A. al momento de los hechos), Leandro Javier Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas y Eugenio Francisco Alonso. Y también de dos operadores rosarinos del Grupo Carey: Carlos Nicolás Ciochetto y Carlos Aníbal Bacigaluppo, alias “Charly”, precisaron desde el Ministerio Público Fiscal.
En los fundamentos del pedido de indagatoria, el fiscal Rodríguez refirió que “el pasado 18 de agosto aludí la presencia de indicios serios, precisos y concordantes para decir que Hugo Ernesto César Oldani había desarrollado actos demostrativos del delito de intermediación financiera no autorizada, de alcance interjurisdiccional, lo cual implica una actividad tendiente a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestarlos al público en general. Entre los aspectos más relevantes -prosiguió el funcionario del Ministerio Público Fiscal-, valoré que la suma de dinero hallada en el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani es desproporcionada si consideramos los montos que habitualmente maneja un operador turístico local en su giro comercial”.
La fiscal santafesina Cristina Ferraro, de la Unidad de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, quedó bajo la lupa de la Justicia Federal por irregularidades que se desprenden de la investigación del crimen ocurrido el pasado 11 de febrero. Para el fiscal federal Rodríguez, su colega provincial no resguardó la suma millonaria hallada en el local de Oldani tras su muerte y permitió que familiares lo retiraran, además de no garantizar la custodia, lo que le valió una denuncia por el delito de encubrimiento agravado.
“En tal sentido podemos reafirmar que Oldani celebraba operaciones de envergadura patrimonial a partir de una logística que incluía la utilización de automotores que ingresaban y estacionaban en dársenas de un garaje que se encuentra al frente de la Galería Rivadavia, conducidos por sujetos que bajaban de los vehículos con cajas de cartón que eran introducidas a la casa de turismo, y luego volvían a llevar esas mismas cajas a sus rodados”, sostiene el pedido de indagatoria.
El caso Oldani, espinoso en los primeros meses de gestión del gobierno provincial, mutó en una causa compleja e incómoda. Parte de ello se debe a que el ministro de Seguridad Marcelo Sain denunció en junio ante la Justicia federal que la firma ubicada en La Rioja al 2445 de Santa Fe -sede de Oldani Turismo SRL- lavaba activos, al tiempo que criticó el accionar de la Justicia provincial.
“Se empezó a mover la cosa como para decir paremos esto, esclarezcamos el homicidio, pero no investiguemos nada más que el homicidio. Esto puede terminar con que se corte el piolín en lo más débil, que son los cuatro pelagatos que estuvieron en ese lugar”, había dicho el ministro sobre los módicos avances del caso que tiene a tres hombres imputados y a una adolescente indagada en la Justicia de Menores.
“Debemos anticipar que los nuevos elementos de prueba me permiten modificar parte de las aseveraciones anteriores, concretamente me refiero a los roles adjudicados a los distintos integrantes de la firma Turismo Oldani SRL, ya que su hija no sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas; ni la empleada María José Calle se limitaba a llevar distintas operaciones turísticas y trámites administrativos”, advierte el fiscal. “Por lo contrario, sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Hugo Oldani, junto a terceras personas”.
En ese contexto, “surgen aportes individuales de la hija y María José Calle quienes actuaron bajo directivas de Hugo Ernesto César Oldani como sus brazos ejecutores”, fundamenta el representante del Ministerio Público Fiscal.
En la investigación aparecen otros actores que desplegaron vínculos con el malogrado empresario “por fuera de la estructura societaria”. Tales los casos de Carina Amelia Chelmo, presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa S.A., con asiento en la ciudad de Santa Fe, “en lo relativo a la operatoria de préstamos”, especificaron.
