Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra se refirieron a la audiencia imputativa en la que acusaron formalmente al ex diputado Darío Scataglini por tráfico de influencia y negociación incompatible con la función pública.
“Con esta imputación empezamos lo que nosotros consideramos que es la parte política de la investigación. La jueza valoró toda la evidencia de forma contundente.”, aseguró Edery.
Según argumentaron durante la audiencia, el objetivo de las negociaciones que se fueron llevando adelante desde marzo del 2020 era “habilitarle el juego legal al empresario Leonardo Peiti”.
“La evidencia fundamental parte del teléfono del abogado Fernández Chemes y un par de cruces de antenas que a nosotros nos permitió ver de qué manera se gestó este negocio con una reunión en las oficinas que Traferri tiene en San Lorenzo”, indicó el fiscal.
Con respecto a la participación de Scataglini, Edery sostuvo que su función era fundamental. “Cuando analizamos los antecedentes, él formó parte de la comisión de Bingos y Casino cuando era diputado, por lo que no sólo tenía conocimiento en la materia sino que también contactos”, sostuvo.
“Para nosotros es una imputación importantísima al estamento político de esta organización y está muy en evidencia el nivel de compromiso de este estamento, lo que demuestra que la investigación está avanzando muy firme”, aseguró por su parte Schiappa Pietra.
“Esto demuestra que hay núcleos de poder históricamente no tocados en esta provincia que están empezando a verse seriamente afectados y esto no tiene otra lectura. Lo que hay que asumir es que es una investigación que está avanzando y que hay que custodiarla”, aseguró el representante del MPA.
Respecto del caso aún pendiente del Senador Traferri, remarcó Schiappa Pietra: “Lo que tiene que pasar es que la Corte tiene que resolver qué es lo que va a decidir con la declaración de inconstitucionalidad del juez Mascali. No nos tenemos que cansar de decirlo, en Santa Fe hay una ley procesal y una Constitución que impide investigar a un diputado o un senador y esto es indigerible para la Constitución Nacional. Esperemos que sea la Corte de la provincia la que, estando a la altura de estas investigaciones, efectivamente resuelva de esta manera y sino iremos a la Corte nacional”.
