El Supremo Tribunal Federal obligó a bloquear los accesos a la plataforma a los proveedores de internet. Un juez investiga la diseminación de discurso de odio, golpismo y noticias falsas por parte de aliados ultraderechistas del presidente Jair Bolsonaro.
Las empresas proveedoras de internet y plataformas digitales con sede en Brasil están siendo notificadas para cumplir la orden por parte de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), el órgano regulador. El pedido al juez lo hizo la Policía Federal luego de una investigación en la que determinó que Telegram no atendió a las decisiones judiciales de bloquear perfiles apuntados como diseminadores de noticias falsas y discursos de odio, entre ellos el bloguero y activista bolsonarista Allan dos Santos, quien está prófugo en Estados Unidos con pedido de extradición. Dos Santos es uno de los principales voceros digitales del bolsonarismo y Moraes lo investiga por amenazar a miembros de la corte suprema y comandar una llamada milicia digital.
Gran parte del bolsonarismo en la pandemia se trasladó a interactuar en Telegram luego de que lo hiciera el presidente Bolsonaro, quien fue blanco de censura de contenidos por parte de Facebook y Google por haber mentido informaciones sobre la pandemia de coronavirus. Moraes estableció una multa diaria de unos 20.000 dólares a las empresas que no cumplan la determinación de bloquear a Telegram en todo el territorio brasileño. “Telegram usa una actitud de no colaboración como una ventaja en relación a otras aplicaciones de comunicación, lo cual lo convierte en un terreno libre para la proliferación de diveresos contenidos, inclusive del mundo criminal”, dice el informe de la policía citado en el fallo de Moraes.
