El fiscal Ezequiel Hernández, especializado en Delitos Complejos, presentó la acusación formal y solicitó que se inicie un juicio contra el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, y varios de sus exfuncionarios. El caso está relacionado con un presunto intento de favorecer a una empresa en una compra de armas por 17 millones de dólares destinada a la Policía de Santa Fe.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) pide cinco años de prisión efectiva para Sain, además de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una multa. Los delitos imputados fueron cometidos durante su gestión en los primeros meses del mandato de Omar Perotti.
Junto a Sain, también están acusados Germán Montenegro, exsecretario de Seguridad Pública, y Maximiliano Novas, exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa. Para ellos, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua, bajo los cargos de negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación a la administración pública.
Marcelo Correa, exjefe de Logística de la Policía, también fue acusado, aunque la Fiscalía pide una pena de tres años de prisión condicional, multa y suspensión. Además, la empresa involucrada en la licitación, Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, enfrenta sanciones en la causa.
Sain ya enfrenta otra investigación, la llamada «espionaje ilegal», lo que agrava aún más su situación legal, ya que ahora está en condiciones de someterse a audiencia preliminar y juicio oral por los delitos relacionados con la compra de armas.
