El 12 de septiembre, la explanada de la Legislatura fue escenario de un tenso enfrentamiento mientras en el recinto se aprobaba la Reforma Jubilatoria en un trámite express. La situación derivó en desmanes que incluyeron forcejeos, corridas, bombas de humo y finalmente la rotura de la emblemática puerta del edificio, cuyo arreglo demandó tres meses de trabajo y una inversión de 10 millones de pesos.
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La violencia desatada ese día tuvo como resultado inmediato la detención de cinco personas identificadas como participantes de los disturbios. En un principio, la investigación permitió individualizar a tres gremialistas de Amsafe Rosario y a un referente de los trabajadores municipales de Venado Tuerto. Posteriormente, se sumaron un representante de ATE Rosario y otro involucrado más.
Los imputados enfrentan cargos por los delitos de perturbación de una sesión legislativa y daños materiales. A uno de ellos, además, se le atribuyó la tenencia de un arma de fuego sin autorización, agravando su situación judicial.
Libertad condicional y medidas restrictivas
A pesar de la gravedad de los hechos, los cinco acusados transitan el proceso judicial en libertad tras acordar medidas alternativas a la prisión preventiva. Entre las disposiciones, se les exige:
- Presentarse cada 30 días ante el Ministerio Público de la Acusación en Rosario.
- Mantener la prohibición de portar armas.
- No acercarse a menos de 300 metros de la Legislatura.
El impacto económico y la reconstrucción
Los arreglos de la puerta no fueron menores. El trabajo de reparación, que llevó aproximadamente tres meses, tuvo un costo que ascendió a 10 millones de pesos, una cifra que generó críticas y cuestionamientos sobre los recursos utilizados. La emblemática estructura fue restaurada para recuperar su aspecto original, pero el incidente dejó en evidencia la tensión y el nivel de conflicto que rodeó aquella jornada legislativa.
El ataque a la puerta de la Legislatura se produjo en el marco de una sesión marcada por el rechazo social a la Reforma Jubilatoria, una medida que despertó la indignación de sectores sindicales y organizaciones de trabajadores. Los disturbios escalaron rápidamente, superando las protestas pacíficas y desencadenando daños materiales significativos.
La causa judicial continúa avanzando y se espera que en los próximos meses se definan las responsabilidades individuales de los acusados.
