El Gobierno de la provincia de Santa Fe autorizó un nuevo aumento en las tarifas del servicio de agua potable y saneamiento prestado por Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). La suba será del 30% y se aplicará en dos tramos: un primer ajuste del 20% a partir del tercer bimestre de 2025, y otro del 10% desde el cuarto bimestre. La decisión fue adoptada por el Ministerio de Obras Públicas, en el marco del proceso de revisión tarifaria iniciado por la empresa prestadora.
La resolución, firmada por el ministro Lisandro Enrico, establece el factor de ajuste “K” en 1.318 para el bimestre 03/25, que se facturará en abril con vencimiento en mayo, y en 1.450 para el bimestre 04/25, con facturación en junio y vencimiento en julio. Según el Gobierno, el incremento apunta a reducir el déficit operativo de ASSA, mejorar su eficiencia y garantizar la continuidad de obras de mantenimiento y expansión del servicio.
La medida se adoptó tras la solicitud presentada por la empresa el 13 de diciembre de 2024, en la que se argumentó la necesidad del incremento tarifario en función del aumento de los costos operativos, el impacto de la inflación y la evolución de los aportes estatales frente a las tarifas. Antes de su aprobación, se realizó una audiencia pública no vinculante el 28 de enero de 2025 en Casa de Gobierno, con la participación de asociaciones de consumidores, legisladores, funcionarios y representantes del Ente Regulador (ENRESS).
Enrico explicó que ASSA fue recibida en condiciones críticas, con el 75% de sus gastos financiados por el Estado. Desde el inicio de la gestión, se puso en marcha un proceso de reestructuración que redujo el déficit operativo a entre un 30% y 40%. “El objetivo es lograr una empresa más eficiente, con mejor respuesta a los vecinos y mayor sustentabilidad, sin depender exclusivamente de aumentos tarifarios”, expresó el ministro.
Además del ajuste, el Gobierno destacó la importancia de instalar micromedidores para mejorar la eficiencia del consumo y reducir el porcentaje de agua no contabilizada. El incremento tarifario se enmarca en la emergencia en la prestación del servicio, prorrogada hasta fines de 2025 por el Decreto N° 3133/24, que establece la necesidad de garantizar la sostenibilidad ambiental, económica y social del servicio, así como la protección de los derechos de los usuarios.
