La investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, llegó a su fin. Los fiscales a cargo del caso solicitaron a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, la clausura de la etapa de instrucción y la elevación a juicio oral.
El requerimiento fue firmado por el fiscal federal Enrique Mariano De Guzmán y sus colegas de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo y Alejandra Mangano. La presentación comprende tanto la causa principal como la causa paralela en la que se investigan hechos vinculados.
En el expediente principal figuran como procesados la tía del menor, Laudelina Peña; su esposo Bernardino Benítez; Mónica Millapi y su pareja Daniel “Fierrito” Ramírez; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y su esposo, el marino retirado Carlos Pérez; y el ex comisario Walter Maciel.
La defensa de los imputados tiene un plazo de seis días para oponerse a la solicitud. Si no hay objeciones o estas son rechazadas, el Tribunal Oral Federal correspondiente establecerá la fecha para el juicio oral.
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Por otro lado, el tribunal ya se había pronunciado recientemente sobre la causa paralela, que incluye a otros diez acusados, al rechazar que se realice un juicio separado. Entre los procesados en este tramo figuran Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Cañete, Pablo Núñez, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Esteban Rossi Colombo, Nicolás Soria (alias “El Americano”), Leonardo Rubio, Pablo Noguera y Delfina Taborda.
El Tribunal consideró que la elevación parcial del caso no era procedente debido a que “no se había completado la investigación del hecho que dio origen a la causa”, por lo que se resolvió unificar ambos expedientes.
El caso Loan conmocionó al país desde el inicio, y continúa generando repercusión pública debido a la complejidad de la trama, el involucramiento de funcionarios y las sospechas de redes de trata de personas. La elevación a juicio representa un paso clave para intentar esclarecer el destino del menor y determinar las responsabilidades penales de los implicados.
