Este jueves comenzó en los tribunales de Santa Fe el juicio oral y público contra los exjefes de la Policía provincial, Rafael Grau y Omar Odriozola, quienes están acusados de encabezar una asociación ilícita que habría defraudado al Estado mediante maniobras irregulares vinculadas a la compra y reparación de móviles policiales.
La causa se inició en 2016, tras una denuncia presentada por el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien este jueves asistió a la primera audiencia del juicio, acompañado por el actual titular de la cartera, Pablo Cococcioni. Está previsto que Pullaro sea uno de los primeros testigos en declarar, según reportó el móvil EME.
La investigación, impulsada inicialmente por el fiscal Roberto Apullán y continuada por el fiscal de Delitos Complejos y Violencia Institucional, Ezequiel Hernández, expuso un entramado de contrataciones fraudulentas que involucró talleres mecánicos ficticios, comercios de repuestos y funcionarios del Ministerio de Seguridad. Uno de los momentos clave fue un allanamiento en el Departamento de Logística (D4), donde se secuestró documentación que probó facturaciones falsas por parte de un lavadero que figuraba como taller.
En total fueron imputadas varias personas, incluidos contadores y responsables del área de logística, aunque todos —excepto Grau y Odriozola— resolvieron su situación judicial mediante probation o acuerdos abreviados. La Fiscalía sostiene que los exjefes policiales utilizaron su cargo para montar y encubrir la estructura delictiva.
El juicio se extenderá hasta el 19 de junio y será presidido por los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Martín Torres. Las audiencias se realizarán diariamente de 8 a 14.30 en la sala 6 de los tribunales santafesinos. El cronograma prevé alegatos iniciales para la jornada de apertura, testimonios hasta el 12 de junio, alegatos finales el 17 y lectura del veredicto el 19.
Grau y Odriozola son asistidos por las defensoras públicas Virginia Balanda e Ileana Echaniz. En tanto, la acusación buscará probar que ambos comandaron una organización delictiva desde el seno de la conducción policial. El caso es considerado uno de los más relevantes en la historia reciente de Santa Fe en materia de corrupción institucional.
