El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de privatización de rutas con la convocatoria a audiencias públicas que se realizarán en junio, como parte de la Etapa II del programa de la Red Federal de Concesiones (RFC). La iniciativa busca transferir a manos privadas la operación y mantenimiento de 4.400 kilómetros de rutas nacionales que actualmente están bajo gestión de la empresa estatal Corredores Viales S.A.
A través de la Resolución 827/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad formalizó la convocatoria con el objetivo de “promover la competencia, aumentar la transparencia y mejorar el servicio para los usuarios”, según expresaron desde el organismo.
Esta segunda fase abarca ocho tramos ubicados en el centro del país, atravesando las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Entre las rutas involucradas se destacan la autopista Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas, el Acceso Newbery y las rutas nacionales 3, 5 y 7, así como los accesos a puertos del Paraná en la región de Rosario y alrededores.
Las audiencias públicas se celebrarán del 11 al 13 de junio en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Quienes deseen participar podrán inscribirse de manera gratuita a través de un formulario disponible en el sitio web de Vialidad Nacional hasta el 9 de junio.
Fechas y lugares de las audiencias:
- Miércoles 11 de junio – 10 h: Tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur. Centro Cultural Municipal Poeta Enrique Uzal (San Miguel del Monte, Buenos Aires).
- Jueves 12 de junio – 10 h: Tramos Pampa, Mediterráneo y Puntano. Complejo Deportivo Municipal General San Martín (Junín, Buenos Aires).
- Viernes 13 de junio – 10 h: Tramos Portuario Sur y Portuario Norte. Auditorio Municipal Rafael de Aguiar (San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires).
Desde el Ejecutivo aseguraron que este nuevo modelo de concesiones no contará con subsidios estatales y permitirá reducir el gasto público, ya que anteriormente el esquema era “deficitario y sin beneficios concretos para los usuarios”.
A su vez, Vialidad Nacional continuará como autoridad de control y supervisión, garantizando el cumplimiento de los contratos en beneficio de los usuarios y de la infraestructura vial nacional.
“El desarrollo de un sistema vial moderno, seguro y eficiente es una prioridad del Gobierno Nacional para fomentar la integración territorial y el crecimiento económico del país”, concluyeron desde la Secretaría de Transporte.
