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viernes, diciembre 5, 2025
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La CGT fue a la Justicia contra el decreto que limita el derecho a huelga

La central obrera presentó un amparo para frenar la vigencia del DNU 340/2025, que amplía las actividades consideradas esenciales y restringe las medidas de fuerza. “Pretenden suprimir el derecho a huelga de un plumazo”, advirtió la dirigencia sindical.

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La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia laboral para intentar frenar el decreto 340/2025 del Gobierno nacional, que restringe el derecho a huelga al ampliar el listado de actividades consideradas “esenciales”. La presentación judicial recayó en el Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana.

El decreto, publicado la semana pasada por el Ejecutivo, obliga a garantizar entre un 50 y un 75% del funcionamiento en caso de medidas de fuerza en sectores como salud, energía, transporte, telecomunicaciones, servicios aduaneros, educativos y portuarios, entre otros.

 

 

“La CGT repudia este intento de suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate. El movimiento obrero dará batalla en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo”, advirtió la central sindical en un comunicado.

El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, había anticipado la acción judicial días atrás tras ser consultado por la prensa durante una visita a Casa Rosada: “Están reiterando lo mismo que establecía el DNU 70/2023, donde pretendían cercenar el derecho de huelga para muchas actividades”, expresó. Cabe recordar que ese primer decreto, también impulsado por el presidente Javier Milei, fue parcialmente suspendido por la Justicia tras una presentación de la misma central obrera.

Desde la CGT consideran que el nuevo decreto viola convenios internacionales sobre derechos laborales y denuncian un avance autoritario contra las herramientas de protesta de los trabajadores. Además, sostienen que la decisión del Gobierno busca limitar la capacidad de negociación de los gremios frente a ajustes y reformas.

Ahora será la Justicia la que deberá pronunciarse sobre la validez del decreto, en medio de una creciente tensión entre el Ejecutivo y el sindicalismo, que ya anticipó nuevas movilizaciones si no hay marcha atrás.

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