La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes este jueves las condenas en la causa conocida como la “ruta del dinero K”, al desestimar por “inadmisibles” los recursos presentados por las defensas. Con esta decisión, se confirmaron las penas impuestas al empresario Lázaro Báez y a otros 21 imputados por maniobras de lavado de más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.
El fallo, firmado por los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti junto a los conjueces Mariano Lozano y Luis Ramón González, aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita a rechazar recursos sin argumentar. El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que debía intervenir la Procuración General.
Lázaro Báez recibió una condena de diez años de prisión por liderar una red de lavado de dinero estructurada mediante sociedades pantalla y movimientos financieros tanto en Argentina como en el extranjero. La operatoria fue registrada en la financiera SGI —conocida como “La Rosadita”— y se hizo pública en 2016, cuando se difundieron imágenes de su hijo contando grandes sumas de dinero en efectivo.
También quedaron firmes las penas de seis años y medio para Martín Báez; seis años para Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín; cinco años para Julio Mendoza; y tres años y medio para el arrepentido Leonardo Fariña, entre otros. En total, fueron condenadas 22 personas. Las hijas del empresario fueron absueltas por falta de pruebas.
El Tribunal Oral Federal 4, que llevó adelante el juicio entre 2018 y 2021, será ahora el encargado de computar las penas cumplidas y resolver la situación de los imputados con prisión domiciliaria o penas condicionales. Además, el fallo ratifica multas de hasta 328 millones de dólares y el decomiso de bienes por más de 65 millones.
La investigación se originó en 2013 tras un informe periodístico y se consolidó tras la difusión del video clave de “La Rosadita”. Según la Justicia, el lavado de dinero estuvo vinculado a ingresos ilícitos generados por evasión impositiva y facturación falsa, relacionados con Austral Construcciones, la principal empresa de Báez, estrechamente vinculada al kirchnerismo.
En paralelo, la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner aún no está cerrada. Aunque el juez Sebastián Casanello la había sobreseído, la Cámara Federal revirtió esa decisión tras aceptar como querellante a una ONG. La Corte también rechazó los recursos de su defensa por cuestiones formales.
Con las condenas ratificadas, la “ruta del dinero K” se convierte en uno de los casos de corrupción más avanzados de la historia judicial argentina, con penas firmes, decomisos inéditos y una estructura delictiva comprobada.
