La jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dispuso que el Estado argentino transfiera el 51% de las acciones Clase D de YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera en 2012.
La sentencia se enmarca en la causa impulsada por Burford Capital, un fondo inglés que adquirió los derechos de litigio de Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa). Este reclama una indemnización superior a los u$s16.000 millones por presuntas irregularidades en la expropiación de YPF, realizada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con respaldo de una ley aprobada por amplia mayoría en el Congreso. El paquete accionario en cuestión, originalmente adquirido por el Estado a Repsol, permanece bajo control estatal.
Las acciones Clase D, que la jueza ordenó transferir, provienen de la venta de acciones Clase A (del Estado nacional) y Clase B (de provincias con yacimientos). Estas se negocian como YPFD en Argentina y YPF en Nueva York.
Conocida la novedad, las acciones de YPF aceleraron su caída, y perdían un 6,4% en Wall Street.
