La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó este miércoles una serie de despidos que alcanzan a más de 60 trabajadores, en el marco de una profunda reestructuración interna. Desde el organismo justificaron la medida con el objetivo de “eficientizar el funcionamiento operativo” y reducir el gasto público, alineados con los principios de la Ley Bases. Sin embargo, en paralelo, se investiga una posible filtración de información vinculada al litigio internacional por la reestatización de YPF.
Fuentes del Gobierno sostienen que existen sospechas de que personal con acceso a expedientes judiciales —particularmente en las apelaciones ante la Justicia de Estados Unidos— habría vendido o entregado datos confidenciales al fondo Burford, uno de los principales litigantes contra el Estado argentino. “Tuvimos una serie de casos que nos llevaron a actuar”, indicaron desde el oficialismo.
La reestructuración anunciada implica la reducción de más del 20% del personal desde febrero, la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado (que pasará a funcionar como un centro con menos de un tercio de su planta original), el paso de seis a cuatro Direcciones Nacionales y la eliminación de unidades jerárquicas superpuestas.
“El recorte histórico de personal busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”, señala el comunicado oficial.
Además, destacaron la reducción de comitivas y gastos en viajes oficiales, en sintonía con las políticas de ajuste y equilibrio fiscal promovidas por la actual administración.
Desde la Procuración cerraron con un mensaje institucional: “Reafirmamos nuestro compromiso con una defensa eficaz del Estado y una gestión técnica, transparente y centrada en el servicio a los ciudadanos”. Mientras tanto, la investigación interna sigue su curso y no se descartan nuevas desvinculaciones si se comprueban responsabilidades en la presunta filtración.
