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jueves, diciembre 4, 2025
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Juicio YPF: Argentina logró una nueva prórroga y no deberá entregar acciones por ahora

La Cámara de Apelaciones de Nueva York mantuvo suspendida la orden de la jueza Preska y habilitó las apelaciones del Gobierno contra el fallo que favorece a los fondos buitre.

Además

La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba al Estado argentino a entregar el 51% de las acciones de la petrolera como forma de pago de la indemnización fijada en 16.099 millones de dólares.

La decisión habilita al Gobierno a continuar con las apelaciones formales que presentó a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP y, al mismo tiempo, evita que los acreedores puedan tomar posesión de la participación accionaria mientras dure el proceso. Los jueces tampoco exigieron que la Argentina presente garantías concretas por el monto adeudado.

Según fuentes judiciales en Nueva York, el fallo es de carácter “administrativo” y puede ser apelado nuevamente, aunque marca un alivio temporal para el país. Una de las apelaciones cuestiona la sentencia que favoreció a los fondos Burford y Eton Park, mientras que la otra apunta contra la exigencia de entrega de acciones de YPF. Esta última podría demorar hasta dos años en resolverse.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó la posición oficial de rechazar cualquier cesión de acciones y recordó que existe una ley que obliga a pasar por el Congreso para autorizar una eventual venta. “Pueden dictar la orden, pero sería incumplible para el gobierno nacional”, señaló en declaraciones radiales.

El calendario judicial prevé audiencias clave: la primera será el 25 de septiembre por la apelación al fallo original, y la segunda, el 27 de octubre, cuando los jueces escuchen los argumentos sobre la entrega de acciones.

Mientras tanto, los fondos buitre intentan presionar para que se reconozca la figura de “alter ego” del Estado sobre las empresas públicas, lo que podría habilitar embargos sobre otros activos nacionales en el exterior.

El caso aún podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos a través de un recurso de urgencia, aunque los especialistas advierten que ese camino conlleva riesgos y pocas chances de éxito.

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