A diez años de iniciada la causa, este martes 12 de agosto la Corte de Apelaciones de Nueva York debe resolver si mantiene en suspenso la orden de la jueza Loretta Preska para que la Argentina entregue el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación de 2012, considerada “mal realizada”.
El fallo original establece una indemnización de US$ 16.100 millones a los demandantes, más de US$ 2 millones diarios en intereses. El país enfrenta tres posibles escenarios: que se prorrogue la cautelar y se postergue el traspaso de acciones; que se rechace el pedido y se ejecute la entrega; o que se mantenga la suspensión pero se ordene pagar con otros activos, como bonos.
Si la Corte no concede la suspensión total, Argentina podría intentar un acuerdo con los acreedores o, si no cumple el fallo, arriesgarse a entrar en desacato, con eventuales embargos a reservas del Banco Central, restricciones para acceder a mercados de capitales y posibles embargos a activos de YPF.
El litigio se originó por la reestatización de la petrolera en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner no realizó la Oferta Pública de Adquisición prevista en el estatuto de la compañía, afectando a inversores con acciones en la Bolsa de Nueva York. La operación violó compromisos asumidos en 1993, durante la privatización de YPF bajo el gobierno de Carlos Menem.
Entre los actores clave figura el Grupo Petersen, que había adquirido el 25% de YPF financiado por Repsol y bancos internacionales. Tras la nacionalización y la suspensión del pago de dividendos, Petersen quebró. Los derechos del litigio fueron subastados y adquiridos por Burford Capital, que financió la demanda junto a Eton Park, otro gran inversor.
Según lo estipulado, cuando se cobre la indemnización, Burford recibirá el 70% y el 30% será administrado por el síndico de la quiebra de Petersen para pagar a sus acreedores, aunque la familia Eskenazi, dueña del grupo, no percibirá fondos directos debido a las deudas pendientes.
