La Policía Federal (PF) de Brasil formalizó las acusaciones contra el expresidente Jair Bolsonaro y su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro, por presuntas actividades de obstrucción de la Justicia relacionadas con la investigación sobre la trama golpista en el Supremo Tribunal Federal (STF).
El informe final de la investigación, hecho público este miércoles, sostiene que existen indicios sólidos de que ambos cometieron delitos de coacción, intento de abolición del Estado democrático de derecho y obstrucción de investigaciones. Las acusaciones están vinculadas a sus intentos de interferir en el curso del proceso judicial que investiga los hechos previos al asalto a las instituciones del 8 de enero en Brasilia.
Eduardo Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos, se convirtió en el centro de la investigación debido a sus actividades en el extranjero. Según la Procuraduría General de la República (PGR), desde marzo, el diputado ha promovido sanciones internacionales contra autoridades brasileñas, lo que podría configurar delitos de coacción y obstrucción de la Justicia.
El caso también afecta al pastor evangélico Silas Malafaia, un fuerte aliado de Bolsonaro, quien fue blanco de operaciones de la Policía Federal. Su celular fue confiscado en el aeropuerto internacional de Galeão, en Río de Janeiro, tras su regreso de Lisboa, y se le retiró el pasaporte. Además, se le impuso la prohibición de mantener contacto con Jair y Eduardo Bolsonaro mientras la investigación sigue su curso.
