El presidente de la Asociación de Solo Fiestas y Eventos de Santa Fe, Marcelo Mansilla, denunció que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) continúa intentando cobrar aranceles por derechos de autor en fiestas privadas, a pesar de que un decreto presidencial vigente desde agosto de 2024 lo prohíbe expresamente.
Según explicó Mansilla, el decreto 765/2024, firmado el 28 de agosto del año pasado, modificó dos artículos de la normativa de 1934 para limitar el cobro de SADAIC únicamente a eventos públicos —como recitales, espectáculos en estadios, bingos o bares abiertos—, excluyendo a celebraciones privadas como casamientos, recepciones, convenciones o cumpleaños, siempre que cuenten con lista de invitados.
“En vez de acatar el decreto, eligieron el camino oscuro: presionar a los salones con amenazas de embargos y cartas documento. Les dicen que si no cobran, serán responsables solidarios”, afirmó.
Mansilla señaló que cuentan con respaldo legal y político: el propio ministro de Justicia envió una nota oficial a SADAIC aclarando que el decreto está vigente, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó públicamente que el cobro en eventos privados está prohibido, habilitando incluso un canal de denuncias en el Ministerio de Justicia para afectados.
Aun así, la entidad de autores habría buscado respaldarse en un fallo de la Cámara de Apelaciones de Paraná que les daba la razón, pero que data de antes de la entrada en vigor del decreto. “Se apoyan en resoluciones viejas para seguir cobrando, cuando la norma actual es clara”, cuestionó el dirigente.
El representante santafesino también destacó que en Mendoza la Defensoría del Consumidor ya avanzó no solo en impedir el cobro, sino también en gestionar la devolución de los montos percibidos desde la firma del decreto. En Santa Fe, en cambio, no hubo aún un pronunciamiento contundente de las autoridades provinciales.
Para Mansilla, la situación golpea directamente a las familias que organizan eventos:
“No lo paga el catering ni el salón: lo paga el papá de la quinceañera, los novios o la familia que hace la fiesta. Estamos hablando de cifras que pueden ir de 300 mil pesos a más de 10 millones”.
Desde la Asociación recomiendan que todos los invitados estén registrados y abonados con anticipación, evitando ventas en puerta que puedan interpretarse como acceso público.
“El único objetivo es que la gente no tenga gastos ilegales que terminen haciendo inviables las fiestas. Si siguen sumando costos, la gente directamente deja de hacer eventos”, concluyó Mansilla.
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