La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó y giró al Senado un proyecto de adhesión a la ley 27.786, considerada como “ley antimafia”.
La autora de iniciativa es la diputada provincial del PRO, Ximena Sola, quien dijo en EME que “se trata de una herramienta de última generación en la lucha contra el crimen organizado, diseñada para atacar de forma directa los niveles económico, operativo y territorial de las mafias que por años pusieron en jaque la vida de los santafesinos de bien en la provincia”.
Resaltó que “no es una medida autoritaria, es un nuevo marco legal, con controles y respaldo judicial, que aplica criterios de verosimilitud, donde el Ministerio Público Fiscal debe fundar cada intervención, informar de urgencia a un juez y actuar dentro del derecho procesal vigente”.
Los argumentos de la legisladora parecen responder a las objeciones que planteó el peronismo parlamentario para votar en contra de la ley.
En ese sentido, el diputado Marcos Corach dijo “estamos hablando de allanamientos sin orden judicial, esto puesto en manos de la multipartidaria Patricia Bulrich, esto es peligroso”.
Por su parte, el bloque que conduce la diputada Amalia Granata se abstuvo pero fiel a su estilo chicaneó al socialismo diciendo que le parecía raro que adhieran al accionar de Bulrich.
Según la autora de la ley, “la adhesión permitirá que las fuerzas de seguridad provinciales y federales, en coordinación con la justicia provincial y la justicia federal, puedan actuar de forma articulada para enfrentar delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y la corrupción estructural. Se trata de un enfoque integral para atacar el entramado mafioso que se había instalado en la región con una lógica de ocupación territorial y disputa barrial”, concluyó.
Entre los instrumentos clave que prevé la norma, se destacan:
* Zonas de investigación especial, delimitadas por resolución judicial, con intervención federal y despliegue de fuerzas nacionales.
* Facultades de urgencia para allanamientos exprés, escuchas, incautación inmediata de bienes y medidas cautelares bajo control judicial.
* Decomiso anticipado de activos provenientes del delito, para debilitar la estructura económica de las bandas antes de una condena.
* Penas agravadas (8 a 20 años) para quienes integren organizaciones criminales y la posibilidad de caerles con la máxima condena a todos los integrantes de una banda, sin importar su rol. Para todos, el máximo castigo.
