La justicia boliviana emitió en agosto pasado una orden de libertad a favor de la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) en el marco del caso Sacaba, ocurrido en noviembre de 2019 tras la renuncia de Evo Morales. El hecho dejó al menos diez muertos y decenas de heridos en la provincia del Chapare, según informó la prensa local.
El presidente del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 1 de Sacaba, Ernesto Chuquimia Siles, instruyó que Áñez fuera liberada, siempre que no esté detenida por otros procesos. Sin embargo, la exmandataria continúa privada de libertad en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores debido a la condena de diez años que recibió por el caso denominado «Golpe de Estado II», relacionado con los conflictos políticos de 2019.
La defensa de Áñez, liderada por el abogado Luis Guillén, tramita la nulidad de la sentencia mediante un recurso de revisión extraordinaria. La orden de libertad surge luego de que el Tribunal se declarara incompetente para continuar el proceso por la vía ordinaria y remitiera el caso a un juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta.
Decisiones judiciales similares se habían adoptado días atrás en favor de Áñez y otros procesados por el caso Senkata, otro episodio de la crisis política de 2019 en el que murieron varias personas en la ciudad de El Alto.
En redes sociales, Áñez insistió en que fue «condenada por un delito que nunca existió en Bolivia en un proceso lleno de ilegalidades». Hasta la fecha, la exmandataria lleva cuatro años y medio detenida desde su arresto en marzo de 2021 por el caso «Golpe de Estado I», y permanece en el penal de Miraflores mientras cumple la condena dictada en 2022 por el «Golpe de Estado II».
