Los bloques opositores de la Cámara de Diputados avanzarán este martes con el tratamiento de la media sanción del Senado del proyecto que restringe la capacidad del Gobierno de emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU). La reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento comenzará a las 12, mientras que el martes 30 de septiembre se prevé la firma para que la iniciativa pueda ser votada en el recinto.
La aceleración de la oposición pone en alerta al Gobierno, que ha recurrido con frecuencia a los DNU para implementar políticas sin pasar por el Congreso. El régimen de DNU fue diseñado en la reforma constitucional de 1994 para permitir respuestas excepcionales ante situaciones urgentes, aunque su uso excesivo se volvió común en gobiernos de distinto signo político.
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En 2006, una ley promovida por la entonces senadora Cristina Kirchner blindó los DNU, estableciendo que la aprobación de una sola cámara mantiene vigente el decreto, mientras que para anularlo se necesita el rechazo de ambas cámaras, lo que ha ocurrido en muy pocas ocasiones. Con la actual gestión de Javier Milei, algunos decretos han sido cuestionados, pero la oposición todavía enfrenta dificultades para reunir mayorías en ambas cámaras.
Entre los DNU recientes que generaron polémica se incluyen los relativos a fondos reservados de la SIDE, la eliminación de Vialidad, la reestructuración del INTA y el INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, organismos de Cultura y modificaciones al régimen de la Marina Mercante.
La nueva ley, de aprobarse, permitiría que el rechazo de una sola cámara anule un decreto y acortaría a 48 horas hábiles el plazo para que una cámara informe a la otra su pronunciamiento sobre la validez del DNU. Además, establece que, en caso de rechazo, el Ejecutivo no podrá dictar otro decreto sobre la misma materia durante ese año parlamentario.
La oposición pretende incluir este tema en una sesión especial, prevista inicialmente para el 1 de octubre, junto con otros proyectos como cambios en el Impuesto a los Combustibles, el rechazo al veto sobre ATN, y la derogación de decretos relacionados con identidad de género y el estatuto de la Policía Federal.
