Trece personas, de entre 20 y 50 años, quedaron en prisión preventiva tras audiencias realizadas en los tribunales de Santa Fe, acusadas de integrar redes dedicadas a la comercialización de estupefacientes en las cárceles de Coronda y Las Flores.
La investigación está a cargo de los fiscales Ezequiel Hernández y María Laura Urquiza, de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos, quienes señalaron que los imputados actuaban en dos grupos distintos: uno de ellos funcionaba como una asociación ilícita organizada que también extendía sus operaciones al barrio Alto Verde.
Del total de detenidos, cinco cumplirán la medida de manera domiciliaria y los ocho restantes permanecerán en unidades penitenciarias. Algunos ya estaban privados de la libertad por otras causas. Además, todavía resta definir la situación procesal de tres personas más involucradas.
Según la acusación, uno de los grupos estaba encabezado por un hombre identificado como JPC, que lideraba la red desde la cárcel de Coronda. La organización se dedicaba al microtráfico en los penales y en la ciudad de Santa Fe, utilizando a familiares y allegados para el ingreso y la distribución de drogas. La pareja del jefe, su hija y otras personas del entorno habrían participado en la logística.
El otro grupo estaba integrado por dos mujeres que, de acuerdo con la investigación, entregaban drogas de manera gratuita a internos del penal, quienes luego las revendían. En los allanamientos, también se secuestraron casi 500 gramos de marihuana en poder de un familiar de los acusados.
En total se realizaron 12 allanamientos y requisas en domicilios y cárceles, donde se incautaron drogas fraccionadas listas para la venta, elementos de corte, dinero en efectivo, una escopeta recortada y municiones de distintos calibres.
Las imputaciones abarcan delitos como asociación ilícita, comercio agravado de estupefacientes dentro de lugares de detención, entrega gratuita de drogas en prisión, y tenencia ilegal de armas.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General y, según los fiscales, expone una estructura criminal con “roles definidos y métodos diseñados para burlar los controles penitenciarios”.
