La suspensión de cerca de 250 pensiones por discapacidad en el norte provincial generó preocupación y reclamos de familiares y organizaciones. Según denunció Mariela Peña, abogada especializada en derechos de las personas con discapacidad y presidenta de la Asociación Incluíme Santa Fe, los beneficiarios afectados nunca fueron notificados de manera formal ni tuvieron la posibilidad de presentarse a las auditorías.
“Las supuestas irregularidades denunciadas mediáticamente por el Gobierno nacional no fueron registradas ni en la Justicia ni en los organismos administrativos pertinentes”, explicó Peña a EME.
La situación más crítica se dio en el departamento Vera, donde muchas de las personas con pensiones residen en zonas rurales. “Las cartas documento no llegaron a destino porque el correo no pudo repartirlas y terminaron en Reconquista. Los presidentes comunales se enteraron cuando retiraron documentación en el correo y encontraron con estas notificaciones”, relató.
Peña indicó que las auditorías se realizaron entre abril y julio en la zona norte, pero sin aviso fehaciente a los beneficiarios. “La gente se entera cuando va al banco y le informan que el beneficio está suspendido por no asistir a una auditoría de la que nunca tuvo conocimiento”, remarcó.
Desde Incluíme Santa Fe impulsan gestiones para recuperar las 250 pensiones afectadas en la Cuña Boscosa. “El 10,5% de la población argentina tiene algún tipo de discapacidad, y estamos luchando para que se respeten sus derechos en una región donde el acceso a la información es todavía más complejo”, concluyó la abogada.
