La administración del presidente Donald Trump tomó la decisión de atacar instalaciones militares en Venezuela, según informes publicados hoy por el Miami Herald y atribuídos a fuentes con conocimiento directo de la situación. Los ataques, parte de una ofensiva más amplia contra el cartel de los Soles, están dirigidos a destruir las infraestructuras utilizadas por la organización narcotraficante, que Washington acusa de estar bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro y altos miembros de su régimen.
La versión fue confirmada también por el Wall Street Journal, que agrega que la nueva fase de la campaña estadounidense tiene como fin desarticular las operaciones del cartel, considerado uno de los principales actores del narcotráfico internacional. Aunque las fuentes no confirmaron si Maduro es un objetivo directo de los ataques, una de ellas afirmó que su tiempo en el poder está cerca de su fin. «Maduro está a punto de verse atrapado y pronto podría descubrir que no puede huir del país, aunque quisiera. Lo peor para él es que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, plenamente conscientes de que una cosa es hablar de la muerte y otra muy distinta verla venir», declaró la fuente al Miami Herald.
En el contexto de esta presión, Washington ha incrementado las recompensas por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, duplicando la cifra a 50 millones de dólares. Además, existen recompensas de hasta 25 millones de dólares por la captura de otros altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos el ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusado de ser uno de los responsables de las operaciones del cartel.
Otro de los señalados en la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos es el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, quien también enfrenta cargos de narcotráfico.
En agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, señaló que Maduro lidera el llamado «Cártel de los Soles» y subrayó que su administración está comprometida en llevar ante la justicia a los responsables de las operaciones ilícitas vinculadas al narcotráfico en la región.
