La crisis energética en Villa Gobernador Gálvez expuso un fuerte conflicto entre autoridades locales y provinciales, luego de que la Cooperativa Eléctrica Limitada comunicara que analiza cortes programados en 33 barrios populares, donde más de 30 mil personas viven conectadas de manera informal a la red. La advertencia se sustenta en una deuda con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que supera los 5.000 millones de pesos y en una incobrabilidad del 42% por consumo clandestino.
Frente a ese escenario, el intendente Alberto Ricci y la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, mantienen posturas abiertamente enfrentadas sobre cómo abordar la situación.
Ricci: “Así vamos a romper la paz social”
El intendente consideró “gravísima” la posibilidad de cortar la luz en los barrios y reclamó una mesa urgente de diálogo entre Provincia, Nación, la cooperativa y el municipio. “No sirve enviarse cartas documento cruzadas. Las dos partes tienen razones, pero si se habla de cortar la energía, vamos a romper la paz social en los barrios”, advirtió Ricci en diálogo con EME.
El mandatario subrayó además que la problemática creció con el retiro de subsidios nacionales y la imposibilidad de formalizar el servicio en asentamientos que están sobre terrenos privados: “Son 30 mil personas viviendo en condiciones irregulares. La ciudad aporta miles de millones por su industria, el Gobierno provincial y nacional deben entender nuestra realidad”.
Ricci cuestionó declaraciones de la titular de la EPE y anunció que la invitará a recorrer los barrios para conocer la situación “en el territorio”.
Rodríguez: “El corte no es una solución”
La presidenta de la EPE fue tajante: la empresa no avala ningún tipo de corte en zonas vulnerables y rechazó que la cooperativa coloque la responsabilidad en los usuarios “enganchados”.
“El corte de servicios públicos en asentamientos vulnerables no es una solución integral. Invitamos a la cooperativa a hacer esfuerzos internos para mejorar su eficiencia”, sostuvo Rodríguez.
La funcionaria también señaló que la Provincia ya otorgó asistencia financiera —incluidos aportes no reintegrables y beneficios tarifarios— y reclamó datos concretos sobre la magnitud de las conexiones irregulares: “Hablan de un 40% de usuarios enganchados, pero no tenemos información precisa. Necesitamos un plan serio, responsable y con datos reales”.
Por último, Rodríguez también remarcó que, además de los barrios vulnerables, existen usuarios de alto poder adquisitivo que incurren en conexiones clandestinas.
