La industria santafesina enfrenta uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El reciente anuncio de 220 despidos en la planta bonaerense de Whirlpool generó preocupación en todo el sector, no solo por el impacto directo en la empresa, sino por su fuerte integración en la cadena de valor nacional, de la cual Santa Fe es un eslabón central.
Desde la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), su secretario Walter Andreozzi consideró que este recorte, sumado a los ajustes en firmas con actividad en la provincia como Cramaco y Essen, confirma que “la caída de la demanda y la apertura indiscriminada de importaciones continuarán”.
Según explicó, la industria argentina atraviesa una marcada desventaja competitiva: altos costos, fuerte presión impositiva, dificultades logísticas y falta de políticas de respaldo que permitan enfrentar productos del exterior que llegan al país a precios mucho más bajos. Andreozzi graficó la situación señalando que algunos productos argentinos pueden encontrarse más baratos en Chile que en el propio mercado interno.
El panorama político tampoco ofrece señales de mejora inmediata. Para FISFE, los resultados del proceso electoral y la continuidad del rumbo económico vigente indican que la crisis podría prolongarse al menos dos años, afectando especialmente a provincias con fuerte matriz industrial como Santa Fe.
Andreozzi también alertó sobre otro fenómeno creciente: el reemplazo de productos nacionales por importados, un proceso que avanza de manera acelerada por la combinación de caída de la demanda interna y mayor apertura comercial.
La preocupación es especialmente alta en Santa Fe, una provincia que alberga más de 30.000 empresas industriales y donde la actividad manufacturera es uno de los principales motores de empleo. La conjunción de menor consumo, aumento de importaciones y falta de previsibilidad política coloca al sector frente a un escenario en el que la advertencia dejó de ser pronóstico para convertirse en crisis concreta.
