El crimen de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años asesinado a puñaladas en Santa Fe, conmocionó a la sociedad y abrió un debate sobre la responsabilidad penal de menores. La principal sospechosa del hecho es una joven de 16 años, excompañera del colegio de la víctima, mientras que otros dos implicados son menores de 14 y 15 años, uno de ellos filmó el ataque según la investigación liderada por el fiscal Francisco Cecchini.
Para entender cómo la justicia aborda estos casos, EME Medios consultó al Dr. Santiago Benegas, abogado penalista, exjuez y diplomado en Derechos del Niño. Según explicó, la legislación argentina establece que solo los adolescentes a partir de los 16 años pueden ser penalmente responsables. “Cuando los delitos son cometidos por menores de 16 años, no se puede imponer ninguna pena, sino que se aplican medidas de protección bajo la Secretaría de Niñez”, aclaró Benegas.
El experto precisó que, incluso si se comprueba la culpabilidad de los menores inimputables, “el código establece un procedimiento de investigación breve, de hasta tres meses, tras el cual se dicta un sobreseguimiento y se deriva al adolescente a programas de reinserción”. Estas medidas buscan atender las causas que llevaron al menor a cometer el delito, en lugar de aplicar castigos punitivos, siguiendo lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y directrices internacionales de la ONU.
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En el caso de la joven de 16 años, sí se le imputó homicidio triplemente agravado, por lo que enfrentará un proceso judicial ordinario. Sin embargo, Benegas destacó que para los menores de 14 y 15 años el sistema penal no permite sanciones, y estos antecedentes no se registran ni afectan procesos futuros, incluso si reincidieran al alcanzar la mayoría de edad.
El abogado subrayó que, más allá de la magnitud del hecho, “la ley busca prevenir la repetición del delito y proteger al adolescente, considerando que en la mayoría de los casos los jóvenes que cometen delitos graves provienen de entornos familiares y sociales deteriorados”. Para Benegas, la reacción inmediata de la opinión pública muchas veces entra en conflicto con estos principios: “Nos lleva a preguntarnos cuánto podemos castigar en lugar de reflexionar sobre cómo la sociedad permitió que ocurran estas tragedias”.
El caso de Jeremías Monzón no solo conmueve por su brutalidad, sino que también reabre el debate sobre educación, prevención y contención social para adolescentes en conflicto con la ley, un desafío que la legislación juvenil argentina busca abordar mediante un enfoque restaurativo y no punitivo.
