La reciente decisión del Gobierno nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó críticas y preocupación entre expertos y organizaciones del sector. El anuncio, realizado por el Ministro Jefe de Gabinete, fue calificado como un golpe para quienes dependen de las políticas públicas coordinadas por la agencia.
La doctora Mariela Peña señaló que la medida implica un retroceso en la protección de derechos. “ANDIS no son estructuras inútiles; su función es garantizar que todas las áreas del gobierno incluyan la mirada de discapacidad, eliminando barreras que impiden el pleno desarrollo de la persona”, explicó. Peña destacó que la discapacidad no reside en el diagnóstico, sino en las barreras que impone la sociedad, como veredas rotas o falta de accesibilidad en edificios.
La especialista también criticó la justificación oficial de supuestas irregularidades: “Hace 15 días el gobierno fue condenado por la Justicia Federal porque no pudo corroborar las irregularidades que denunciaba. Nosotros ya ganamos juicios sobre pensiones y la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
Además, Peña advirtió que la disolución de ANDIS y el cierre de delegaciones provinciales dificultan el acceso a derechos y servicios para quienes viven lejos de la capital. “Hoy un vecino del norte de la provincia tendrá que trasladarse a Buenos Aires o llamar a un 0800 para reclamar sus derechos, generando nuevas barreras”, sostuvo.
La doctora enfatizó que la medida no debería politizarse: “ANDIS nació en el gobierno de Cambiemos, no tiene que ver con partidos políticos. Se necesita un pacto social que garantice derechos independientemente del signo político de turno”.
Mientras tanto, organizaciones del sector analizan posibles acciones legales para revertir la medida, y advierten que el desmantelamiento de la agencia afectará la implementación de políticas inclusivas en todo el país.
Escucha la nota completa:
