El Congreso de la Nación puso punto final a un 2025 signado por la tensión permanente y la escasa actividad legislativa, convirtiéndose en el año de menor productividad parlamentaria de los últimos diez años. Durante el período ordinario solo se sancionaron 11 leyes, a las que se sumaron dos más en sesiones extraordinarias, en un contexto de fuerte polarización y falta de consensos básicos.
El balance anual deja un dato elocuente: ninguna de las leyes aprobadas durante las sesiones ordinarias fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo. Entre el 1° de marzo y el 30 de noviembre, el oficialismo no logró convertir en ley ninguno de sus proyectos, reflejando la debilidad numérica del Gobierno en ambas cámaras.
De las once normas sancionadas, ocho fueron iniciativas promovidas por la oposición, entre ellas el Financiamiento Universitario, los aumentos jubilatorios y la Ley Nicolás, mientras que las tres restantes correspondieron a acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior, según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas. Recién en el tramo final del año, durante las extraordinarias, el Gobierno consiguió avanzar con dos proyectos propios: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
El vínculo entre el Congreso y la Casa Rosada estuvo marcado además por el uso intensivo del veto presidencial. Javier Milei vetó siete leyes, aunque en tres casos el Parlamento logró insistir y revertir la decisión, en un hecho poco habitual que expuso un inédito desafío legislativo a la autoridad del Ejecutivo.
La oposición, por su parte, apeló a una herramienta técnica poco frecuente para forzar el tratamiento de temas incómodos para el oficialismo: los emplazamientos a comisión. Mientras que en años anteriores el promedio no superaba los tres por período, en 2025 se registraron 20, obligando a debatir iniciativas que el Gobierno intentaba postergar.
En la misma línea, el Congreso marcó límites al Poder Ejecutivo al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, reduciendo el margen de acción presidencial y reforzando el rol de control del Parlamento.
Un informe de Directorio Legislativo añadió otro dato revelador: de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, una señal clara de la falta de acuerdos políticos para sostener una agenda parlamentaria estable y consensuada.
Pese a este escenario adverso, el oficialismo mira hacia 2026 con expectativas renovadas. La nueva composición del Congreso surgida tras las elecciones de octubre, que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026, alimenta la esperanza del Gobierno de pasar de una lógica defensiva a una ofensiva, con el objetivo de recuperar la iniciativa legislativa en un Parlamento que promete seguir siendo terreno de disputa.
