La ley de Boleto Educativo Gratuito, vigente en la provincia de Santa Fe, vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública ante el inminente anuncio del Gobierno provincial sobre su continuidad y financiamiento. En ese contexto, empresarios del transporte interurbano manifestaron su preocupación por la delicada situación económica que atraviesa el sector.
Rodolfo Wagner, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que el sistema interurbano —que conecta ciudades y pueblos de toda la provincia— depende hoy en gran medida de los fondos provinciales destinados a cubrir el boleto educativo. “Ya no se puede hablar de boleto educativo gratuito, porque el Estado debe disponer de un fondo para cubrir lo que el usuario deja de pagar”, señaló.
Según Wagner, el programa tuvo un impacto social positivo indiscutible, al permitir que miles de estudiantes, docentes y trabajadores del sistema educativo puedan asistir a escuelas, terciarios y universidades. Sin embargo, remarcó que el crecimiento de beneficiarios también incrementó la dependencia financiera de las empresas respecto del Estado. Actualmente, cerca del 60% de los pasajeros viaja sin pagar boleto, mientras que solo el 40% abona la tarifa completa.
Uno de los principales reclamos del sector es el retraso en el cobro de los pasajes subsidiados. “Hoy un boleto que se utiliza el 1º de enero lo cobramos recién a mediados de febrero o más tarde. Antes ese dinero estaba en la caja de la empresa, ahora dependemos de pagos que llegan con 45 o 60 días de demora”, explicó Wagner. Esta situación complica especialmente el pago de sueldos y el cumplimiento de obligaciones básicas.
Desde ATAP estiman que, en promedio, las empresas interurbanas registran una caída del 25 al 30% en la venta de pasajes pagos, una tendencia que se profundizó tras la pandemia y nunca logró revertirse. A esto se suma que el Estado provincial cubre solo alrededor del 50% del valor real del boleto, lo que genera un fuerte desfasaje económico.
El atraso tarifario, calculado en torno al 30%, y la eliminación de los subsidios nacionales —que representaban cerca del 30% de los ingresos del sector— agravaron aún más el panorama. “El único ingreso de la empresa es el pasaje, y ese ingreso está cada vez más reducido”, advirtió Wagner, quien también mencionó el congelamiento de los subsidios provinciales con valores de 2023.
ATAP nuclea actualmente a unas 25 empresas, con alrededor de 400 unidades y más de mil trabajadores, además del empleo indirecto que genera el sistema. Desde la entidad alertaron que, sin respuestas concretas del Gobierno, podrían quedar pueblos incomunicados, ya que muchos servicios se prestan a pérdida. “El transporte hoy no es un negocio; las empresas que seguimos lo hacemos con una visión más social que comercial”, concluyó Wagner.
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