A pocos días de la firma del acuerdo interbloques, son muchos los sectores de la producción, la industria y el comercio franceses que lo resisten.
La firma del acuerdo UE-Mercosur, tras años de negociación, busca reducir aranceles y ampliar el comercio entre ambos bloques.
En Francia, sin embargo, el mensaje del retail funciona como advertencia: aun con tratado, la aceptación social del ingreso de carne sudamericana está lejos de estar garantizada.
Tal el caso de las grandes cadenas de supermercados que anunciaron que no pondrán en góndola carne vacuna ni aves provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay. Entre las explicaciones que esgrimen a la espera de una reacción del gobierno de Francia y Bruselas, argumentan “competencia desleal”.
Lo cierto es que, aunque el acuerdo se firme, su entrada en vigor depende del camino institucional europeo y de debates nacionales.
En ese sentido, Francia ya expresó reparos en otras etapas y el sector agropecuario presiona para que se incorporen garantías adicionales, desde trazabilidad hasta mecanismos de salvaguarda ante subas de importaciones.
Por estos motivos, en Europa, el rechazo se pone en evidencia con las protestas del agro y el debate sobre estándares sanitarios y ambientales.
Agricultores multiplicaron acciones de alto impacto simbólico —con tractores y bloqueos puntuales— para reclamar medidas inmediatas y frenar lo que consideran una apertura que los expone a reglas asimétricas en costos y controles.
En la calle, el reclamo se resume en una idea: si la UE exige más requisitos ambientales y sanitarios, los productos que ingresan deberían cumplir los mismos estándares. Ese debate, repetido en rutas y ciudades, condiciona a la política y empuja a las empresas a tomar partido.
En Francia, la discusión no se limita a la diplomacia: también atraviesa la estrategia comercial del retail, que dice priorizar el abastecimiento local.
La consigna es clara: blindar la góndola como herramienta de presión interna, más allá del texto diplomático.
Además, Francia avanzó con medidas para restringir importaciones que contengan residuos de sustancias prohibidas en Europa, y planteó un refuerzo de controles y sanciones. El objetivo declarado es cerrar grietas regulatorias y responder a un malestar social que liga comercio exterior y “soberanía alimentaria”.
El debate sobre pesticidas se mezcla con el de las “cláusulas espejo”: exigir a terceros países normas equivalentes a las europeas. Para los productores, es el núcleo del conflicto; para los supermercados, un argumento defensivo ante su clientela y el clima de época.
