El Juzgado Federal N°1 de Santa Fe dispuso el llamado a declaración indagatoria del exdirector de la delegación local de la ex AFIP —actual ARCA— Carlos Vaudagna, de un inspector del organismo y de otras nueve personas, entre ellas socios de una empresa constructora, un abogado y un escribano. La causa investiga presuntos delitos de violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
La resolución fue dictada por el juez federal Aldo Alurralde, quien hizo lugar al pedido formulado por fiscales del Ministerio Público Fiscal, entre ellos representantes de la Unidad Fiscal Santa Fe, la sede descentralizada Reconquista y la PROCELAC. La investigación se centra en hechos ocurridos en 2017, durante una fiscalización a la empresa constructora Mallozzi S.A..
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Según la acusación, entre marzo y julio de ese año, Vaudagna y el inspector Marcelo Bulacio habrían intervenido en el proceso de control tributario para favorecer a la firma, realizando un ajuste fiscal inferior al que correspondía por deudas impositivas de los períodos 2013, 2014 y 2015, lo que habría generado un perjuicio al fisco nacional. La fiscalía sostiene que estas maniobras se habrían concretado a cambio de una contraprestación económica, que habría sido canalizada a través del abogado de la empresa, también imputado.
La pesquisa se apoya, entre otros elementos, en el análisis de conversaciones de WhatsApp entre los involucrados, que revelarían el plan para beneficiar a la constructora. Además, se detectaron múltiples accesos del inspector Bulacio a los sistemas informáticos del organismo recaudador para consultar información de la empresa, lo que fue considerado incompatible con sus funciones habituales.
Otro punto clave de la causa es el hallazgo de documentación notarial presuntamente falsa, secuestrada en un allanamiento a un escribano imputado. Se trata de un contrato antedatado que habría sido utilizado para justificar aportes de socios y así evitar mayores ajustes fiscales. El levantamiento del secreto fiscal permitió establecer que una de las personas que figuraba en ese documento no contaba con capacidad económica suficiente para afrontar la operación.
El juez Alurralde destacó que la investigación permitió “ampliar el universo de sujetos partícipes” y consideró que existen elementos suficientes para sospechar la participación de todos los imputados. Por ese motivo, ordenó que las once personas presten declaración indagatoria por videoconferencia entre marzo y abril próximos.
Como medidas para garantizar el proceso, el magistrado dispuso el traslado del inspector Bulacio a otra dependencia de ARCA y le prohibió concurrir a oficinas de las direcciones regionales de Rosario y Santa Fe, además de mantener contacto con personal del organismo. A todos los imputados se les prohibió la salida del país sin autorización judicial y se les impuso el compromiso de no entorpecer la investigación. En cambio, el juez rechazó el pedido fiscal de imponer una caución real al inspector.
