La Iglesia Católica, a través de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Santa Fe, volvió a expresar su crítica a la baja de la edad de imputabilidad en el marco del debate nacional sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil. Bajo el lema “Más oportunidades que penas”, la institución cuestiona que la solución a la inseguridad juvenil se reduzca únicamente a establecer edades mínimas de responsabilidad penal.
En diálogo con EME, María Cecilia Fladung, referente de la pastoral, subrayó que “la verdadera prevención no se logra con cárceles, sino generando condiciones para que niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente”. La dirigente sostuvo que el abordaje debe ser integral, involucrando a familias, escuelas, clubes y espacios comunitarios, así como asistencia en salud mental y programas educativos y deportivos.
“Reducir el debate a la edad es un error. Necesitamos políticas que fortalezcan el tejido social y abran oportunidades de educación, cultura y deporte. La seguridad se construye con inclusión y prevención, no solo con encarcelamiento”, enfatizó Fladung.
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El documento de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, fechado originalmente en marzo de 2025 y reactivado ante el debate actual, advierte que “la sociedad argentina viene padeciendo la falta de políticas que promuevan desarrollo humano y laboral, lo que genera inseguridad y violencia juvenil”.
La Iglesia también señaló que, según estadísticas oficiales, los menores de edad representan un porcentaje bajo de los delitos graves. En 2023, los jóvenes menores de 14 años constituyeron solo el 0,64% de los homicidios dolosos, mientras que los de 15 a 19 años representaron el 13,12%.
Fladung resaltó que la reciente muerte de Jeremías Monzón, adolescente santotomesino de 15 años, volvió a poner el tema en la agenda pública. Sin embargo, insistió: “No se puede centrar el debate únicamente en los menores. La problemática es compleja, atravesada por drogas, violencia y falta de oportunidades”.
El documento plantea preguntas clave: “Si se reduce la edad de imputabilidad, ¿dónde se recluirá a los adolescentes? ¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente? ¿Más cárceles o más escuelas? ¿Más guardiacárceles o más docentes capacitados?”
La Pastoral Social concluye que la prioridad debe ser la reinserción y la educación, ofreciendo un proyecto de vida a los jóvenes que los aleje de las drogas, la violencia y la exclusión. Señala además que el Estado, la sociedad civil, los clubes, sindicatos, iglesias y empresas tienen un rol fundamental para construir un futuro inclusivo y esperanzador para la juventud.
“El objetivo es cambiar el enfoque: abrir espacios de diálogo, fortalecer comunidades y garantizar que los adolescentes tengan oportunidades reales para crecer”, afirmó Fladung, recordando las palabras del Papa Francisco sobre inclusión y cuidado de los jóvenes.
