Tras la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el diputado nacional por Santa Fe, Pablo Farías, brindó definiciones en diálogo con EME y explicó los fundamentos de su acompañamiento a la iniciativa.
“Considerábamos que era necesario avanzar hacia un sistema adecuado que modifique lo que hoy tenemos”, sostuvo Farías, quien remarcó que la propuesta no implica equiparar a los adolescentes con el sistema penal de adultos. En ese sentido, fue categórico: “De ninguna manera un adolescente puede compartir una cárcel con personas adultas”.
El legislador, integrante del bloque Provincias Unidas, explicó que el proyecto establece un proceso penal específico y diferenciado, que reconoce las particularidades de la etapa evolutiva que atraviesan niñas, niños y adolescentes. “Desde los 14 años pueden ser imputados por determinados delitos, pero con un sistema propio, con el objetivo de responsabilizarlos y evitar la reiteración de conductas delictivas”, precisó.
Farías detalló que el régimen contempla penas alternativas, priorizando medidas socioeducativas y dejando la privación de la libertad solo para los casos más graves. “Las sanciones no son las mismas que para los adultos. La idea es intervenir a tiempo, con herramientas que permitan reencauzar trayectorias”, señaló.
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Críticas al Gobierno nacional
En otro tramo de la entrevista, el legislador socialista cuestionó con dureza el retiro del Estado nacional en materia de niñez y adolescencia. “El Gobierno nacional cortó toda ayuda social a la provincia y a las instituciones que trabajan con chicos y chicas en contextos de vulnerabilidad. Así es muy difícil que cualquier sistema funcione”, advirtió.
También se refirió al debate público que rodeó la iniciativa y al reclamo de familiares de víctimas. “No utilizamos políticamente el dolor de las familias, pero entendíamos que les debíamos una respuesta. No hacer nada tampoco era una opción”, afirmó.
Finalmente, Farías subrayó que el éxito del Régimen Penal Juvenil dependerá del compromiso conjunto de Nación y provincias. “Hace falta inversión, dispositivos adecuados y espacios de detención totalmente diferenciados de los adultos. Sin eso, la ley queda vacía”, concluyó.
